Trágala educativo

EL GOBIERNO no ceja en su mala costumbre de esconder bajo la manta de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos reformas y medidas políticas de todos los colores. El año pasado, dos docenas de iniciativas, entre ellas la de las fundaciones sanitarias y la de la compensación billonaria a las eléctricas, fueron hurtadas al debate político mediante ese truco. Ahora le ha llegado el turno a la educación, un sector en donde el diálogo y el consenso son valores en sí mismos. Olvidando su notable historial negociador, el ministro Rajoy quiere reformar la Ley Orgánica de Ordenación General del Sist...

EL GOBIERNO no ceja en su mala costumbre de esconder bajo la manta de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos reformas y medidas políticas de todos los colores. El año pasado, dos docenas de iniciativas, entre ellas la de las fundaciones sanitarias y la de la compensación billonaria a las eléctricas, fueron hurtadas al debate político mediante ese truco. Ahora le ha llegado el turno a la educación, un sector en donde el diálogo y el consenso son valores en sí mismos. Olvidando su notable historial negociador, el ministro Rajoy quiere reformar la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), y ha tirado por la vía precipitada, más que rápida, de la Ley de Acompañamiento para modificar la nueva formación profesional (FP).El objetivo es permitir el tránsito de la FP de grado medio (dirigida a la inserción laboral de estudiantes sin bachillerato) a la de grado superior (orientada a la especialización profesional de estudiantes con bachillerato). Hay argumentos a favor y en contra. Rajoy dice que la FP media se ha convertido en un callejón sin salida, y no le falta razón, si se considera exclusivamente la faceta académica, no la genuinamente laboral, para la que fue pensada. Los partidos y sindicatos de izquierda temen que la medida contribuya a degradar la FP superior (de alta especialización) al dejar que accedan a ella alumnos sin bachillerato.

Sea cual sea el contenido de la reforma, hay dos objeciones de peso. En primer lugar, faltan tres años para que la nueva FP esté plenamente implantada, lo que quiere decir que aún no hay una evaluación rigurosa sobre cómo ha funcionado, y por tanto, es un cambio prematuro. En segundo lugar, una ley como la LOGSE, aprobada en 1990 con el voto de todos los partidos menos el que ahora gobierna, no se puede modificar a hurtadillas, bajo el paraguas de la Ley de Acompañamiento presupuestaria. Las formas son el fondo, especialmente cuando se trata de educación, y ésta exige el más amplio debate, y si es posible, el consenso, en el ámbito político y en la comunidad escolar. Nunca imposiciones y trágalas legislativos.