El "grupo de sabios" propone crear una fiscalía para perseguir la corrupción en la UE
El fraude al presupuesto comunitario no es sólo responsabilidad de la Comisión Europea, sino también de los Estados miembros. Así, su persecución se escurre ineficazmente entre los dedos dispersos del organismo antifraude de Bruselas y los tribunales nacionales de los Quince. Para combatir esa dispersión, el grupo de sabios creado por el Parlamento Europeo propone, en su segundo informe, publicado ayer, la creación de una fiscalía europea con "poderes ilimitados" que persiga eficazmente los presuntos casos de corrupción. Y después de la fiscalía, un tribunal con todos sus atributos.
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El fraude al presupuesto comunitario no es sólo responsabilidad de la Comisión Europea, sino también de los Estados miembros. Así, su persecución se escurre ineficazmente entre los dedos dispersos del organismo antifraude de Bruselas y los tribunales nacionales de los Quince. Para combatir esa dispersión, el grupo de sabios creado por el Parlamento Europeo propone, en su segundo informe, publicado ayer, la creación de una fiscalía europea con "poderes ilimitados" que persiga eficazmente los presuntos casos de corrupción. Y después de la fiscalía, un tribunal con todos sus atributos.
El segundo informe, de 275 páginas, es demoledor con las prácticas administrativas de la Comisión, sobre todo en contratos, subvenciones y política de personal. Pero resulta menos apresurado, menos politizado y menos sangriento que el primer dictamen, quizá porque evalúa mecanismos en vez de buscar el linchamiento de comisarios. Por ello, y aunque se concentra en examinar el funcionamiento del Ejecutivo de Bruselas, no puede ocultar las responsabilidades de los Estados miembros. Destaca que la lucha contra la corrupción resulta imposible sin su activa participación tanto en la persecución de los fraudes cometidos en cada Estado (los 15 Gobiernos administran el 80% del presupuesto común) como en la creación de mecanismos para hacerla más eficaz.
Así, lo más novedoso de este informe no es el cáustico examen de los contratos y subvenciones otorgados por Bruselas, pues la tradición de convertir a la Comisión en chivo expiatorio de los pecados de la Unión Europea ya se ha consagrado en rutina. Lo más interesante son algunas de las recomendaciones que propone el Comité de Expertos Independientes (conocido como grupo de sabios), que la Cámara se inventó para liquidar al colegio de Jacques Santer.
La recomendación más sugerente es crear una fiscalía y un tribunal unificados para luchar contra el fraude cometido en detrimento del presupuesto comunitario.
¿Por qué esos nuevos órganos? Porque los actuales son insuficientes. El OLAF (Organismo de Lucha Antifraude de Bruselas) no sólo se topa con dificultades "en sus relaciones con los servicios de la Comisión", sino también "con dificultades frente a sus homólogos e interlocutores en los Estados miembros". Sus investigaciones (su predecesora, la UCLAF, tenía 1.327 expedientes abiertos en 1997) duran demasiado, y además escapan a la supervisión de cualquier tribunal. Ello es muy "peligroso", porque de hecho "ejerce una actividad de policía judicial" con "poderes de investigación incontrolados" que pueden vulnerar casi impunemente los derechos individuales de los funcionarios investigados, destacan los sabios.
Pero, además, los delitos de los funcionarios comunitarios sólo pueden ser juzgados por los tribunales de los países de los que son originarios, porque los códigos penales no se han comunitarizado, ni se comunitarizarán durante largo tiempo. Sin embargo, como se constata "la incapacidad de las jurisdicciones nacionales de juzgar asuntos internos de la Unión o transnacionales", la persecución del fraude a las arcas de los Quince resulta "disminuida".
Para remediar estas lagunas, el informe propone someter inmediatamente el OLAF a la tutela del Tribunal de Primera Instancia o del propio Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, fundando para ello una nueva sala. De esta manera se evitaría convertirlo en una policía todopoderosa y descontrolada. A continuación, se crearía la figura de un "fiscal europeo", habilitado inicialmente para perseguir la corrupción de los funcionarios, lo que evitaría tener que levantarles la inmunidad en cada caso. Ese fiscal gozaría de unos "poderes ilimitados" para coordinar a todos los protagonistas de la batalla contra el fraude. Los sabios recomiendan la creación de la fiscalía en el plazo máximo de un año.
Para completar el mecanismo, cada Estado miembro se comprometería a crear "un servicio" específico en el tribunal nacional especializado en la persecución del fraude al presupuesto común. Cada servicio actuaría en concertación con la policía y los tribunales nacionales, según la ley penal del respectivo Estado miembro. La "legalidad de sus actividades sería supervisada" por un tribunal único en cada país. Ambas figuras constituirían el germen de "un tribunal europeo único e indivisible", representado en los Estados miembros por tribunales especializados en la persecución de los presuntos delitos contra el presupuesto. La creación de este organismo exigiría, en opinión de los sabios, el rodaje de los dos anteriores y una decisión normativa a favor en la conferencia intergubernamental que debe reformar el Tratado de Amsterdam.