El Gobierno entrega la declaración de patrimonio de siete altos cargos

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José María Michavila, anunció ayer en el Congreso que el Gobierno tenía previsto entregar al final de la jornada las declaraciones de bienes y patrimonio de los siete altos cargos afectados por el escándalo del lino que habían sido solicitadas por la oposición. Michavila calificó ese acto como de una "transparencia democrática sin precedentes", a pesar de que los servicios técnicos de la Cámara aún no habían encontrado ayer la fórmula para que los diputados presentes en la comisión del lino tengan acceso a esas declaraciones al tiempo que s...

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José María Michavila, anunció ayer en el Congreso que el Gobierno tenía previsto entregar al final de la jornada las declaraciones de bienes y patrimonio de los siete altos cargos afectados por el escándalo del lino que habían sido solicitadas por la oposición. Michavila calificó ese acto como de una "transparencia democrática sin precedentes", a pesar de que los servicios técnicos de la Cámara aún no habían encontrado ayer la fórmula para que los diputados presentes en la comisión del lino tengan acceso a esas declaraciones al tiempo que se preserva la intimidad de los afectados. El Gobierno ha pedido opinión a sus servicios jurídicos sobre este asunto y los abogados del Estado se han mostrado en contra de facilitar esas declaraciones. Michavila, sin embargo, avanzó que serán entregadas tras una "interpretación flexible del reglamento de la Cámara".La oposición representada en la comisión de investigación del lino ha reclamado, por un conducto que el Gobierno no considera apropiado ni reglamentario, las declaraciones de siete altos cargos que podrían haberse beneficiado por el cobro de subvenciones europeas a ese cultivo o que podrían estar relacionados con la tramitación en España de esas ayudas. En esa lista aparecen la ex ministra Loyola de Palacio y los dos ex responsables de Agricultura que dimitieron al destaparse el caso: el ex presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, Nicolás López de Coca; y el ex director de Mercasa, Gonzalo Ruiz Paz. También pidieron la misma declaración de otros cargos de la Administración que obtuvieron esas ayudas, como el director general de Ganadería, Quintiliano Pérez Bonilla; o el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro. Michavila subrayó ayer que el actual ministro de Agricultura, Jesús Posada, había dado facilidades y agregó que alguno de los siete afectados había sido consultado y había aprobado que se facilitase su patrimonio.