TCSA justifica por razones políticas la operación en que perdió 450 millones
El presidente de TCSA, la principal empresa de autobuses en Vizcaya, justificó ayer una operación inmobiliaria que supuso una pérdida patrimonial de 450 millones en la necesidad de reducir los beneficios de la compañía, que anualmente recibe más de 100 millones en subvenciones de las instituciones. "Había que dar un beneficio políticamente más presentable", declaró ayer el presidente, Cipriano Berrospe, ante un juzgado de Bilbao que investiga un presunto delito de apropiación indebida.
Berrospe fue ayer el primero en declarar de los 11 directivos de TCSA, la empresa encargada del transp...
El presidente de TCSA, la principal empresa de autobuses en Vizcaya, justificó ayer una operación inmobiliaria que supuso una pérdida patrimonial de 450 millones en la necesidad de reducir los beneficios de la compañía, que anualmente recibe más de 100 millones en subvenciones de las instituciones. "Había que dar un beneficio políticamente más presentable", declaró ayer el presidente, Cipriano Berrospe, ante un juzgado de Bilbao que investiga un presunto delito de apropiación indebida.
Berrospe fue ayer el primero en declarar de los 11 directivos de TCSA, la empresa encargada del transporte en autobús en Bilbao y en las localidades de Vizcaya más pobladas, que han sido acusados por un accionista minoritario de "apropiación indebida" de más de 450 millones. La querella presentada, que incluye el presunto delito de administración desleal, revela que la empresa vendió en 1994 a una inmobiliaria filial suya siete inmuebles por valor de 216 millones de pesetas y los recompró, tres años después, por 666 millones. En su comparecencia ante la titular del Juzgado de Instrucción número 9, el presidente de TCSA adujo que la primera operación para desprenderse de las propiedades tenía como objetivo "la separación de la actividad inmobiliaria para que estuviera en manos de expertos", según afirmaron fuentes judiciales. Ante las preguntas de la juez sobre el hecho de que estas siete fincas fueran inmediatamente alquiladas para el uso de la propia TCSA, Cipriano Berrospe fue más explícito y argumentó que el objetivo era la reducción de los beneficios de la firma de autobuses. "Había que dar un beneficio políticamente más presentable", señaló en su declaración. La empresa, que se encarga del servicio urbano de autobuses en Bilbao desde 1948 -mediante un régimen de concesión hasta 1988 y a través de un convenio con el Ayuntamiento a partir de esa fecha- recibe importantes ayudas institucionales debido al servicio público que presta y con el objetivo de paliar el déficit de cualquier transporte de estas características. En concreto, en 1997 recibió de la Diputación y el consistorio bilbaíno un total de 117 millones de pesetas, cantidad que se redujo a 106 millones el pasado año. El presidente también explicó la diferencia de 450 millones de pesetas entre las dos operaciones en sólo tres años de diferencia. Dijo que la primera transmisión se realizó según el valor contable y la recompra, a precio de mercado. Berrospe aludió a que las ayudas de las instituciones eran tan ventajosas que posibilitaban operaciones de este tipo. "El valor de los inmuebles [en 1994] era bajo porque el contrato con la Diputación y el Ayuntamiento es tan bueno y deja tan saneadísimos beneficios que merecía la pena ofertar una partida por debajo de su coste de mercado". El directivo de la empresa de autobuses insistió en su larga comparecencia, que se prolongó durante cerca de dos horas, que la decisión de realizar las operaciones fue tomada por iniciativa de los accionistas mayoritarios de la empresa, las familias Aguinaga Cardenas y Llantada Aguinaga.