Amnistía pide que cese la intimidación

Un informe hecho público ayer en Vitoria por Amnistía Internacional insta a ETA y a "otros grupos", entre los que cita a la organización juvenil de KAS, Jarrai, al cese "inmediato y definitivo" de cualquier acto de violencia o intimidación contra "representantes públicos, empresas, periódicos, personalidades judiciales o agentes encargados de la ley". El documento, titulaldo Motivos de preocupación en materia de derechos humanos en relación con el proceso de paz en el País Vasco, ha sido remitido ya a los ministerios del Interior y Justicia. El informe, que lleva un total de once recome...

Un informe hecho público ayer en Vitoria por Amnistía Internacional insta a ETA y a "otros grupos", entre los que cita a la organización juvenil de KAS, Jarrai, al cese "inmediato y definitivo" de cualquier acto de violencia o intimidación contra "representantes públicos, empresas, periódicos, personalidades judiciales o agentes encargados de la ley". El documento, titulaldo Motivos de preocupación en materia de derechos humanos en relación con el proceso de paz en el País Vasco, ha sido remitido ya a los ministerios del Interior y Justicia. El informe, que lleva un total de once recomendaciones, en su mayor parte dirigidas al Gobierno, pide prontitud en las indemizaciones a las víctimas del terrorismo, y recomienda a la vez que se revisen, desde 1968, todas las sentencias firmes por torturas, lesiones o malos tratos y que se garanticen reparaciones e indemnizaciones a estas víctimas. El informe pide el acercamiento de "todos" los presos a cárceles próximas a sus domicilios "siempre que el individuo lo solicite". También se cuestionan los plazos de las detenciones incomunicadas y las restricciones en la elección de abogado, y se recomienda la grabación en vídeo de los interrogatorios para salvaguardar tanto a detenidos como a agentes potencialmente objeto de falsas denuncias. Otra recomendación pide la conclusión rápida y con declaraciones inequívocas de inocencia o culpabilidad de los juicios en relación con los GAL, sin dejar resquicio a sospechas de "impunidad".