Desobediencia civil

En los últimos días de campaña, los del PP advirtieron de que el siguiente paso de los radicales independentistas vascos sería una campaña generalizada de desobediencia civil aplicada a la cuestión nacional: utilización de un DNI vasco, boicot a los juicios no celebrados en euskera, selecciones deportivas, insumisión, negativa al alistamiento de los reclutas... Formas de presión no violenta que ocuparían la función que antes cubrían la lucha armada y la kale borroka. Si se confirma, significaría que se han abierto paso en ese mundo los planteamientos de los compañeros de viaje de EH: an...

En los últimos días de campaña, los del PP advirtieron de que el siguiente paso de los radicales independentistas vascos sería una campaña generalizada de desobediencia civil aplicada a la cuestión nacional: utilización de un DNI vasco, boicot a los juicios no celebrados en euskera, selecciones deportivas, insumisión, negativa al alistamiento de los reclutas... Formas de presión no violenta que ocuparían la función que antes cubrían la lucha armada y la kale borroka. Si se confirma, significaría que se han abierto paso en ese mundo los planteamientos de los compañeros de viaje de EH: antiguos izquierdistas refugiados en Lizarra, que llevaban años sosteniendo que la lucha armada era un estorbo que restaba protagonismo a los movimientos sociales. John Rawls define la desobediencia civil como un "acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley y cometido con el propósito de provocar un cambio en la legislación". El Estado de derecho debe hacer respetar la ley, pero su calidad democrática se mide en parte por su capacidad para admitir ese tipo de iniciativas. Con la condición, claro está, de que quienes vulneren la ley, aunque sea con ese fin reformador, asuman las consecuencias penales de sus actos. En Euskadi ha existido la pretensión contraria: la de que infringir la legalidad en nombre de los derechos de la patria proporciona impunidad. Con la originalidad de que esa pretensión ha sido en parte compartida por los que gobernaban en la Comunidad Autónoma.

Pero siempre con la precaución de excluir del ámbito de la desobediencia la llamada insumisión fiscal. Hay cosas con las que no se juega. Cuando la ETB sólo tenía un canal, toda su programación, incluidos los anuncios, se emitía exclusivamente en euskera. Sólo una vez se rompió esa norma: para difundir la campaña institucional en favor de la declaración de la renta, cuya recaudación corresponde en el País Vasco a las Diputaciones.

Esa capacidad recaudatoria explica la importancia de la batalla política por el control de la Diputación de Álava que se desarrolla estos días. Desde los inicios de la autonomía, el PNV se las ha arreglado para controlar simultáneamente las tres Diputaciones, que se conciertan en el llamado Consejo Vasco de Finanzas. Esa concertación, de la que depende la capacidad de gasto de las instituciones, se ha venido realizando en la práctica en el seno del partido mayoritario, que se ha beneficiado de ello para su estrategia clientelista de expansión territorial.

Los nacionalistas agrupan en torno al 55% de los votos, pero lo asombroso es que los no nacionalistas sigan reuniendo el 45% restante. Es decir, que resistan pese a que no existe ningún estímulo moral o material comparable a la seguridad de sentirse parte de los vencedores. Durante 20 años se ha dado por supuesto que, cualquiera que fuera el resultado electoral, los nacionalistas iban a gobernar en todas las instituciones, solos o en coalición. E incluso se consideraba peligroso -se irían al monte- pensar en otra posibilidad.

Por eso es tan importante que las fuerzas no nacionalistas -o mejor: autonomistas- conformen una mayoría en Álava. Primero, para que por una vez el PNV pague un precio, en términos de poder, por su política de adaptación a los que atemorizan a la mayoría; segundo, para hacer visible ante el electorado que su voto sí sirve para cambiar el signo del gobierno de al menos algunas instituciones. Pero también porque pone de manifiesto la falacia de Lizarra. No es cierto que la autonomía sea el resultado de una correlación de fuerzas existente al comienzo de la transición que el tiempo ha ido corrigiendo, por lo que sería necesario un nuevo proceso constituyente. El Estatuto de Gernika no fue un punto intermedio entre las aspiraciones de los nacionalistas y las de los demás vascos, sino una solución que se aproximaba al programa máximo de los nacionalistas democráticos. Fue la otra mitad la que cedió, en aras de la convivencia, y en parte bajo la presión de una minoría violenta. Y sigue habiendo una mitad de la población que se resiste a que le arrastren a la aventura.

La desobediencia civil puede ser una vía de desagüe de la kale borroka. Pero la verdadera desobediencia civil es la de los vascos que siguen resistiéndose a acatar las ordenes de los dueños de la calle y de los que manejan la caja.