Hacienda refuerza el control de los inspectores e investiga a 250 empresas

Hacienda comenzó a investigar a finales de 1998 irregularidades en la Hacienda catalana, en la que han aparecido implicados los ex inspectores Josep María Huguet y Ernesto de Aguiar, según aseguró ayer el secretario de Estado, Juan Costa, en el Congreso. La investigación abarca a 250 empresas relacionadas con este caso y se completa con un seguimiento más directo de la actividad de los inspectores. Costa garantizó que los controles actuales impiden que situaciones como las de Cataluña se produzcan ahora en otras delegaciones de Hacienda.

Las 250 empresas investigadas presentan alguna ir...

Hacienda comenzó a investigar a finales de 1998 irregularidades en la Hacienda catalana, en la que han aparecido implicados los ex inspectores Josep María Huguet y Ernesto de Aguiar, según aseguró ayer el secretario de Estado, Juan Costa, en el Congreso. La investigación abarca a 250 empresas relacionadas con este caso y se completa con un seguimiento más directo de la actividad de los inspectores. Costa garantizó que los controles actuales impiden que situaciones como las de Cataluña se produzcan ahora en otras delegaciones de Hacienda.

Las 250 empresas investigadas presentan alguna irregularidad en sus relaciones con Hacienda entre finales de los ochenta y principios de los noventa en Cataluña, según Costa. Tuvieron, en principio, alguna conexión con el caso, bien porque no fueron incluidas deliberadamente en planes de inspección, porque se les comprobó sin ultimar actas o porque recibieron un trato distinto al de otras empresas del sector. Junto a este rastreo, se han tomado medidas para seguir más de cerca el trabajo de los inspectores en toda España y en la actualidad. En concreto, se controlan los accesos a la base de datos de Hacienda, si se han producido fugas o ventas de información, aquellos casos en que se han declarado deudas elevadas como fallidos, así como la paralización de expedientes.Costa informó de estas actuaciones durante una comparecencia ayer ante la Comisión de Economía del Congreso para presentar un plan plurianual de lucha contra el fraude fiscal (1999-2002). La oposición -PSOE, IU e Iniciativa per Catalunya- empezaron por acusar a Costa de incapacidad para resolver los conflictos internos de la Agencia Tributaria, que afectan a todos los colectivos, y denunciaron los constantes cambios en los equipos de dirección.

Costa respondió que buena parte de esos conflictos son heredados del Gobierno socialista, pero aseguró que no hay deterioro en el funcionamiento de la Agencia. Según dijo, en los cuatro primeros meses del año la deuda descubierta asciende a 417.844 millones de pesetas, el 38,7% del objetivo para todo el año. Anunció que 520.000 contribuyentes recibirán antes de final de mayo su devolución de renta. En el plan contra el fraude se contempla, entre otras medidas, la elaboración de un censo de 40 grupos de empresas que utilizan mecanismos para ocultar beneficios. Costa explicó que se ha creado una unidad especial para el cobro de deudas superiores a los 750 millones de pesetas y anunció un acuerdo con las comunidades autónomas para persiguir el fraude en el sector inmobiliario.

Arantxa Mendizábal (PSOE) situó los planes contra el fraude en "el ámbito de la retórica", si bien ofreció a Costa un acuerdo sobre los objetivos y sobre el futuro Estatuto de la Agencia Tributaria, con algunas condiciones previas. Joan Saura (IC) aseguró que el actual modelo de la inspección "está agotado", calificó el plan contra el fraude de "ambiguo e incoherente" y exigió la elaboración de indicadores objetivos de fraude fiscal.

Pedro Antonio Rios (IU) destacó que en ese plan no se contempla el blanqueo de dinero por la llegada del euro, ni las "triquiñuelas" utilizadas por grandes fortunas para ocultar rentas a través de sociedades. Saura preguntó en concreto sobre la actuación de los ministros Josep Piqué y Rafael Arias Salgado, pero Costa le respondió que no puede hacer comentarios sobre contribuyentes en concreto.

El diputado de CiU Manuel Silva calificó el plan de "documento valioso" y denunció la existencia de "paraísos fiscales" en algunas comunidades autónomas. Jon Zabalía (PNV) dijo que lo importante es que ese plan se aplique, si bien insistió en la necesidad de un nuevo modelo de Agencia Tributaria, que "podría seguir el ejemplo" de las haciendas forales vascas.