Cuerda y los socialistas polemizan sobre los efectos económicos del plan de suelo de Vitoria
El plan para la ampliación de Vitoria, aprobado el pasado viernes, ha generado divergencias desde el punto de vista político y económico. El alcalde, José Ángel Cuerda, principal defensor del proyecto, se basa en un estudio de técnicos municipales para sostener que el Ayuntamiento obtendrá con la operación 32.000 millones de pesetas. Los socialistas, que han anunciado que recurrirán a los tribunales, aseguran que el consistorio perderá 18.000 millones. Un nuevo informe hecho público ayer por Cuerda contradice al PSE y le acusa de incurrir en graves errores.
Los cálculos de los técnicos ...
El plan para la ampliación de Vitoria, aprobado el pasado viernes, ha generado divergencias desde el punto de vista político y económico. El alcalde, José Ángel Cuerda, principal defensor del proyecto, se basa en un estudio de técnicos municipales para sostener que el Ayuntamiento obtendrá con la operación 32.000 millones de pesetas. Los socialistas, que han anunciado que recurrirán a los tribunales, aseguran que el consistorio perderá 18.000 millones. Un nuevo informe hecho público ayer por Cuerda contradice al PSE y le acusa de incurrir en graves errores.
Los cálculos de los técnicos municipales y del grupo socialista acerca de los efectos económicos que tendrá el macroproyecto de Salburua y Zabalgana siguen en las antípodas. A pesar de que el convenio, aprobado el viernes, detalla todos los datos sobre la compra-venta de los terrenos, se mantienen las discrepancias sobre cuál será su repercusión. La operación consiste en la adquisición por parte del Ayuntamiento de las 450 hectáreas que poseen ahora propietarios particulares, que se sumarían a las 160 que ya posee la Administración. En vez de pagar a los actuales dueños con dinero, el consistorio les concede el aprovechamiento urbanístico del 40% de las 21.704 viviendas que se construirán. Además, la carga de los 32.000 millones que costará la urbanización de las dos áreas se repartirá a partes iguales entre el Ayuntamiento y los particulares. Los gastos de equipamiento, 5.400 millones, los sufragarán sólo los promotores privados. De estos datos inequívocos, existen distintas lecturas. El equipo de gobierno (PNV y Unidad Alavesa), encabezado por el alcalde, se apoya en el estudio entregado hace un mes por los técnicos municipales para asegurar que el Ayuntamiento ganará con la operación 32.483 millones de pesetas. Según este mismo cálculo, los propietarios particulares obtendrán el doble: 65.818 millones. El PSE, único grupo de la oposición que ha publicado un informe alternativo, rebate esas conclusiones. Su concejal Patxi Lazcoz cree que el Ayuntamiento perdería 18.823 millones de pesetas. Teniendo en cuenta que el suelo de Salburua y Zabalgana está distribuido ahora en un 27% de propiedad pública por un 73% privada, los socialistas aseguran que el Ayuntamiento obtendrá sólo un 9,84% del beneficio, por un 90,16% para los particulares. Ante esa conclusión, han calificado de "pelotazo" el convenio, y el pasado viernes confirmaron que recurrirán ante los tribunales para tratar de anularlo. A la vista del estudio de los socialistas, José Ángel Cuerda encargó el 14 de abril que analizara las conclusiones a Eduardo Tabuenca, jefe del servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, autor del primer informe. Ayer se conoció el resultado. El técnico municipal se reafirma en sus valoraciones y manifiesta su "preocupación por la trascendencia y envergadura de los errores y equivocaciones detectadas" en el estudio del grupo socialista. El alcalde apoyó estas apreciaciones, además de criticar a Lazcoz por "someter razones de oportunidad política a los tribunales de justicia". También reiteró su convenimiento de que el convenio "es excepcionalmente bueno para el Ayuntamiento". El PSE, sin embargo, mantiene sus opiniones contrarias al acuerdo y a las conclusiones de los técnicos. Lazcoz recuerda que su estudio responde simplemente a "cálculos matemáticos" y que se basa en las valoraciones realizadas sobre derechos y deberes urbanísticos en el pleno municipal de noviembre, que aprobó inicialmente el Plan General. "Si hemos aplicado unos valores erróneos, habrá que decir que se basa en unos datos aprobados por el PNV y UA en el pleno de noviembre", comentó ayer. "Abuso de autoridad" El concejal socialista critica también al alcalde por "abuso de autoridad", al "utilizar de esta forma el informe de un técnico". Lazcoz aseguró que el lunes mantuvo con el técnico una reunión de dos horas y media. "Le demostré que su análisis es erróneo", afirmó ayer el concejal. "Él no sabía cómo habíamos hecho las operaciones matemáticas". Al margen de polémicas, el convenio se incorporará este mes al Plan General que, debido a la importancia de las modificaciones introducidas en el documento, deberá pasar de nuevo por un pleno municipal. Una vez pasado ese trámite, el plan refundido se someterá a exposición pública, de modo que la aprobación provisional corresponderá a la próxima corporación. Ahí se sabrá si el convenio seguirá adelante de forma definitiva o, por el contrario, queda anulado. De momento, sólo lo apoyan PNV y UA.