Inmovilismo y plan de choque

El pasado jueves se conocía la evolución de los precios en España durante el pasado mes de marzo: el índice de precios al consumo (IPC) subía un 0,4% -el doble de lo previsto en el mejor de los casos- y la tasa anual se situaba en el 2,2%, sobrepasando el objetivo del Gobierno para todo el año. Un día después, el Consejo de Ministros aprobaba un decreto-ley antiinflacionista que rebajaba la mayoría de los precios regulados: electricidad (un 1,5%), tarifas telefónicas (entre el 10% y el 20%, excepto las urbanas), peajes de las autopistas (un 7%, con compensaciones a las empresas concesionarias)...

El pasado jueves se conocía la evolución de los precios en España durante el pasado mes de marzo: el índice de precios al consumo (IPC) subía un 0,4% -el doble de lo previsto en el mejor de los casos- y la tasa anual se situaba en el 2,2%, sobrepasando el objetivo del Gobierno para todo el año. Un día después, el Consejo de Ministros aprobaba un decreto-ley antiinflacionista que rebajaba la mayoría de los precios regulados: electricidad (un 1,5%), tarifas telefónicas (entre el 10% y el 20%, excepto las urbanas), peajes de las autopistas (un 7%, con compensaciones a las empresas concesionarias), márgenes de distribución de productos farmacéuticos para mayoristas (1,5%), gas natural (entre un 2% y un 4%), reducción de los aranceles que cobran los notarios y registradores en las hipotecas (un 25%), etcétera. La celeridad con que se debe aplaudir la reacción del Ministerio de Economía y Hacienda al conocer la subida de la inflación tiene otra cara en su interpretación: el inmovilismo del Ejecutivo, que ha dejado que la situación se pudra antes de actuar. La mayor parte de los analistas habían pronosticado el susto en los precios. Si se podían bajar las tarifas que ahora lo han hecho sin poner en riesgo el modelo, ¿por qué han tardado tanto en hacerlo?

Una de las principales críticas que ha de digerir el equipo de Rodrigo Rato es que en 1996 puso el piloto automático, acompañado por la coyuntura y por las tendencias que había dejado implantadas el último ministro de Economía socialista, Pedro Solbes, y que no ha aprovechado los tiempos de bonanza para hacer las reformas pendientes, que le generarán impopularidad en los sectores afectados. Todo lo que a Aznar le suena a impopularidad lo deja para más adelante, y que arree el que llegue: que la guerra de Kosovo está complicada, perfil bajo y que aguanten el chaparrón Solana, Clinton y los socialdemócratas europeos; que los aeropuertos son una catástrofe, culpa de la imprevisión socialista; que los precios suben por la falta de transparencia en su composición y por una competencia imperfecta en los servicios, privatizaciones a destajo para hacer liquidez, pero sin tocar los mecanismos más sensibles que pueden limitar sus apoyos (¿por cierto, qué pasa con el monopolio del gas?).

El hecho de que la inflación haya superado en marzo el objetivo del 1,8% para todo el año tiene bastantes implicaciones negativas. En primer lugar, para la credibilidad del propio Gobierno, que ha hecho bandera de que, al revés de los socialistas que no cumplían lo que programaban, el PP sí lo hacía con las cifras que presentaba al Parlamento. En segundo lugar, y lo más importante, negativo para la competitividad de la economía española en relación con la UE y, sobre todo, con la zona euro: el IPC de marzo, en tasa anual, es el triple del promedio del IPC de los 11 países del euro en febrero: se aleja la convergencia nominal y la real. En tercer lugar, para el ahorro: el repunte de la inflación sitúa las cuentas corrientes de bancos y cajas de ahorro en rentabilidad real negativa, lo que equivale a que el dinero allí depositado pierda poder de compra y a que se deduzca que el mejor ahorro es el que se gasta, no lo que se guarda. Un estímulo añadido a la inflación.

Otro efecto negativo tiene que ver con la decisión tomada por el Banco Central Europeo (BCE) hace dos semanas. Si el tipo de interés ha quedado en el 2,5% y la inflación es del 2,2%, la tasa real de interés es del 0,3%, tan baja que sin duda estimulará el endeudamiento y el gasto, y de nuevo, el peligro inflacionario. Si a esto le añadimos una fuerte demanda interna, atizada por el crecimiento del empleo y por el incremento del poder adquisitivo de los salarios a través de la bajada de las retenciones a cuenta, el panorama es inquietante.

De lo que se deduce que después de la terapia de choque del decreto-ley (el Ejecutivo ha estimado que reducirá el IPC en 0,3 puntos) siguen siendo imprescindibles las reformas estructurales pendientes y, quizá, un ajuste fiscal a mitad de año si en abril la inflación continúa creciendo a este ritmo.