51 magistrados más y 4.786 millones anuales

El Ministerio de Justicia ya ha hecho sus primeros cálculos sobre lo que le puede costar la aplicación de la nueva ley: un mínimo de 4.786 millones de pesetas.El mayor encarecimiento de la nueva justicia juvenil vendrá dado por el hecho de que los delincuentes de 16 y 17 años, que ahora deben cumplir condena en las cárceles de adultos, tendrán que ser internados o cumplir las medidas alternativas en la estructura juvenil que ahora se aplica sólo a los menores de 16. Adecuar los centros de reclusión, que costean y gestionan las comunidades autónomas, constituirá el grueso de la factura. Los cál...

El Ministerio de Justicia ya ha hecho sus primeros cálculos sobre lo que le puede costar la aplicación de la nueva ley: un mínimo de 4.786 millones de pesetas.El mayor encarecimiento de la nueva justicia juvenil vendrá dado por el hecho de que los delincuentes de 16 y 17 años, que ahora deben cumplir condena en las cárceles de adultos, tendrán que ser internados o cumplir las medidas alternativas en la estructura juvenil que ahora se aplica sólo a los menores de 16. Adecuar los centros de reclusión, que costean y gestionan las comunidades autónomas, constituirá el grueso de la factura. Los cálculos de Justicia demuestran, además, que mantener encarcelados a los jóvenes de 16 y 17 años es más barato que mantenerlos en los centros de reclusión de menores.

A la propia administración de Justicia le toca el segundo gran capítulo de gastos. La nueva ley obligará a crear salas de menores en los 17 Tribunales Superiores de Justicia, lo que supone el nombramiento de 51 magistrados (tres por cada sala), además de secretarios, oficiales, auxiliares y agentes. El coste anual de estas dotaciones de personal se elevará, según Justicia, a más de 650 millones de pesetas anuales. Pero, además, este departamento prevé la contratación de nuevos funcionarios, así como de psicólogos, trabajadores sociales y educadores para dotar a los juzgados de menores, lo que supone 361 millones anuales adicionales.

Justicia no ha contabilizado el coste que acarreará tratar dentro de la Justicia juvenil a delincuentes de 18 a 21 años, algo que la ley recoge para casos excepcionales de, por ejemplo, delincuentes con un alto grado de inmadurez y para los que el juez considere más apropiado el internamiento en un centro de menores.

El informe del Defensor del Pueblo relativo a 1997 analizó la situación de los centros españoles de reclusión de menores con vistas a la aplicación de la nueva ley y concluyó que "ni las instalaciones, ni las actividades, ni el personal, se adecuan a las necesidades que estos jóvenes [de 16 y 17 años] pueden presentar".

Esta franja de edad de 16 y 17 años es, sin duda, más conflictiva que la de los menores de 13 a 16. Según datos de Instituciones Penitenciarias, en España suele haber una media de entre 100 y 140 chavales de 16 y 17 años cumpliendo condena simultáneamente en cárceles españolas.