La oposición exige a Imaz que se devuelva el importe íntegro de las tasas de gas

La oposición tachó ayer al Gobierno de "cicatero" por no exigir a las empresas suministradoras de gas la devolución íntegra de la tasa cobrada a los usuarios en concepto de alta e inspección, cuya cuantía se fijará en diez mil pesetas cuando se apruebe el decreto regulador. El consejero de Industria, Josu Jon Imaz, aseguró en el Parlamento que la resolución de su departamento del pasado 5 de enero, que establece los criterios para que las empresas devuelvan una parte de lo cobrado, está basada en un dictamen del Consejo de Estado. Según Imaz, este informe justifica la legitimidad del cobro. El...

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La oposición tachó ayer al Gobierno de "cicatero" por no exigir a las empresas suministradoras de gas la devolución íntegra de la tasa cobrada a los usuarios en concepto de alta e inspección, cuya cuantía se fijará en diez mil pesetas cuando se apruebe el decreto regulador. El consejero de Industria, Josu Jon Imaz, aseguró en el Parlamento que la resolución de su departamento del pasado 5 de enero, que establece los criterios para que las empresas devuelvan una parte de lo cobrado, está basada en un dictamen del Consejo de Estado. Según Imaz, este informe justifica la legitimidad del cobro. El problema radica en que las compañías vascas de gas natural cobraron en exceso a los usuarios. Así, PP, PSE e IU reclamaron al Gobierno que emita una nueva orden obligando a las empresas a devolver todo, porque el informe del Consejo de Estado es ambiguo. PASA A LA PÁGINA 3

El Ejecutivo decide derogar el decreto de grandes superficies

VIENE DE LA PÁGINA 1 El consejero recalcó que lo justo es que las compañías realicen una nueva liquidación a cada reclamante y devuelvan la diferencia entre lo que realmente deben cobrar y lo facturado en el plazo máximo de un año. Además, Imaz adelantó que el Gobierno está elaborando un decreto donde se regularán los costes de los servicios de las empresas concesionarias. La legalidad de estas tasas ha sido cuestionada por las asociaciones de consumidores, el Ararteko y los grupos políticos ajenos al Gobierno, que también han criticado las diferencias existentes entre Bilbogas, que cobra más de 22.000 pesetas, y las compañías suministradoras de Vitoria y San Sebastián, cuyas tarifas son de 7.125 y 6.300 pesetas, respectivamente. Estas tres empresas tendrán que hacer frente a 11.500 reclamaciones. Josu Jon Imaz compareció ayer ante la comisión de Industria, Comercio y Turismo del Parlamento vasco para exponer las líneas maestras que va a seguir durante la legislatura. En el área de Comercio, el consejero anunció que modificará la Ley de Actividad Comercial y que derogará el decreto de grandes superficies comerciales, que ha levantado numerosas protestas entre los pequeños comerciantes. Nuevo plan Ekimen Así, indicó que mantiene conversaciones con el sector comercial de Euskadi para la redacción de la nueva norma. El actual decreto del Gobierno que regula la instalación de establecimientos comerciales de más de 2.000 metros cuadrados fue recibido con duras críticas por las asociaciones del sector en enero del año pasado, cuando fue promulgado por la titular en ese momento de la consejería, la socialista Rosa Díez. Según los pequeños comerciantes, el decreto "hipoteca" el sector porque con la autorización a las grandes superficies para que absorban una cuota de mercado del 45% es imposible mantener el "sistema dual de comercio", entre grandes y pequeños establecimientos. Josu Jon Imaz no adelantó si en el decreto introducirá límites a la implantación de grandes superficies. En el capítulo de Industria, destacó la puesta en marcha en el periodo 2000-2003 de un programa similar al actual Ekimen, de ayuda a la instalación de nuevas empresas. El departamento apostará por atraer empresas tractoras. El actual Ekimen, que finaliza este año, otorga ayudas directas de hasta el 25% de la inversión a las empresas que se decanten por el País Vasco. Esta política de promoción industrial consiguió atraer entre 1995 y 1998 inversiones por importe de 152.000 millones de pesetas. El programa Ekimen contribuyó con 20.000 millones de pesetas procedentes del Gobierno y de las tres diputaciones. La previsión es lograr otros 150.000 millones durante este año. El Gobierno también diseñará un programa para ayudar a las empresas en dificultades, que será diferente al antiguo 3-R.

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