Asaja pide ayudas públicas al porcino aunque la UE las tenga castigadas
La organización agraria Asaja ha reclamado que el Ministerio de Agricultura y la Junta ayuden a los productores porcinos a superar la crisis que atraviesan a causa de los bajos precios, aunque ese apoyo les suponga penalizaciones de la Unión Europea. La OCM del sector no permite subvenciones directas, pero los ganaderos han pedido a las administraciones "que le echen valentía y se arriesguen" a sanciones comunitarias porque hay cerca de 15.000 familias andaluzas que dependen de esas explotaciones. Javier Ciézar, presidente de Asaja en la provincia de Málaga, fue contundente en su reivindicaci...
La organización agraria Asaja ha reclamado que el Ministerio de Agricultura y la Junta ayuden a los productores porcinos a superar la crisis que atraviesan a causa de los bajos precios, aunque ese apoyo les suponga penalizaciones de la Unión Europea. La OCM del sector no permite subvenciones directas, pero los ganaderos han pedido a las administraciones "que le echen valentía y se arriesguen" a sanciones comunitarias porque hay cerca de 15.000 familias andaluzas que dependen de esas explotaciones. Javier Ciézar, presidente de Asaja en la provincia de Málaga, fue contundente en su reivindicación: "No pueden seguir escudándose en que Europa no permite las ayudas. Cuando se produjo la crisis de la leche, se asumieron penalizaciones". El dirigente agrario no se quedó allí y recordó que en la comunidad autónoma "sólo para salvar dos industrias, las administraciones se han gastado 70.000 millones, cuando los puestos de trabajo son muchos menos en relación con los que tiene el sector porcino". Ciézar no las citó, pero aludía a Santana Motor y a Cárnicas Molina. Asaja ha advertido que si la crisis se prolonga, supondrá el cierre de más de la mitad de las 6.000 explotaciones de porcino que existen en Andalucía. La organización ha convocado una manifestación en Málaga para el próximo miércoles con el objetivo de la movilización es forzar a ambas administraciones a trasladar a Bruselas las reivindicaciones del sector, entre las que se incluyen la fijación de precios de intervención y la autorización de nuevos contingentes de ayudas alimentarias a terceros países que permitiría reducir los excedentes y recuperar los precios.