Sanz rechaza que el Gobierno navarro se oponga a la normalización del euskera
El presidente navarro, Miguel Sanz, negó ayer que su Gobierno se oponga a la normalización lingüística y subrayó que "la normalidad democrática es cumplir la ley". Sanz comentaba así la dimisión presentada el pasado viernes por 12 de los 20 vocales del Consejo Navarro del Euskera, justificada por éstos por la falta de voluntad política del Ejecutivo foral para lograr una normalización del idioma en el territorio. "Las dimisiones son actos propios", dijo el presidente navarro. "Yo no he cesado a nadie y serán ellos los que tengan que explicar los motivos", recalcó. Destacó además que la polít...
El presidente navarro, Miguel Sanz, negó ayer que su Gobierno se oponga a la normalización lingüística y subrayó que "la normalidad democrática es cumplir la ley". Sanz comentaba así la dimisión presentada el pasado viernes por 12 de los 20 vocales del Consejo Navarro del Euskera, justificada por éstos por la falta de voluntad política del Ejecutivo foral para lograr una normalización del idioma en el territorio. "Las dimisiones son actos propios", dijo el presidente navarro. "Yo no he cesado a nadie y serán ellos los que tengan que explicar los motivos", recalcó. Destacó además que la política lingüística de Navarra "funcionó perfectamente sin el Consejo y siguió funcionando también perfectamente con él. Otra cosa es que no se entienda que es un órgano asesor" y que, por ello, sus opiniones no son vinculantes para el Ejecutivo, afirmó Sanz. El consejero de Cultura, Javier Marcotegui, se mostró partidario de reestructurar este órgano, aunque señaló que quizás el momento de hacerlo no sea ahora, ante la proximidad electoral. Marcotegui destacó que "no hay razones objetivas" para la decisión adoptada por los 12 vocales y calificó como "sorprendente" que el "asunto clave" para estas dimisiones hayan sido las adjudicaciones de emisoras de FM. Agregó que esta actitud es "una acción de presión política", puesto que este órgano no tiene competencias para juzgar la resolución de una convocatoria hecha por el Departamento de Obras Públicas. Añadió que, si hay dudas sobre la corrección de las adjudicaciones, deberán pronunciarse los tribunales.