JUSTICIA EL CONSELL QUIERE MODERNIZAR EL SISTEMA CON UNA LEY DE 1982

Los forenses tachan de "tercermundistas" las condiciones de trabajo impuestas por la Generalitat

La Asociación de Médicos Forenses de la Comunidad Valenciana califica de "tercermundista" el decreto de la Generalitat que pretende modernizar el sistema forense rescatando una ley de 1982. Ese decreto, en contra de las normativas europeas, les obliga a realizar la mayoría de las autopsias en las trastiendas de los cementerios, en pequeños cuartos sin ventilación ni desagües, a la luz de un candil, con la cabeza del cadáver sujeta por dos ladrillos o expuestos a la mirada curiosa de los vecinos que se agolpan en las ventanas. La precariedad de medios ha provocado incluso errores de diagnóstico...

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La Asociación de Médicos Forenses de la Comunidad Valenciana califica de "tercermundista" el decreto de la Generalitat que pretende modernizar el sistema forense rescatando una ley de 1982. Ese decreto, en contra de las normativas europeas, les obliga a realizar la mayoría de las autopsias en las trastiendas de los cementerios, en pequeños cuartos sin ventilación ni desagües, a la luz de un candil, con la cabeza del cadáver sujeta por dos ladrillos o expuestos a la mirada curiosa de los vecinos que se agolpan en las ventanas. La precariedad de medios ha provocado incluso errores de diagnóstico como confundir un parricidio con una muerte natural, o estropear determinantes muestras de sangre en traslados.

Los sucesivos recortes presupuestarios, como el que obliga a enviar frágiles muestras de sangre a Madrid a través del correo ordinario, han dinamitado la teórica infabilidad de esta ciencia médica, cada vez más determinante para la resolución de investigaciones policiales. Un reciente decreto dictado por el director general de Justicia de la Comunidad Valenciana, el ex juez Eloy Velasco, y recurrida en los tribunales por el abogado de la asociación, Alfredo Elías, establece que la mayor parte de las necropsias se realicen en las partidas judiciales a las que pertenezcan los difuntos, salvo en casos excepcionales en que los cuerpos serán trasladados al Instituto Anatómico de Valencia. "¿Yqué casos son esos?", se pregunta Manuel Velázquez, presidente de la Asociación de Forenses, "tal vez se refiere a los que salgan en prensa. Eso es como decir que hay muertos de primera y de segunda". La normativa establece esta distinción en torno al concepto de autopsias "fáciles" y "difíciles", un baremo que los médicos califican de "acientífico". "El decreto considera fáciles los casos por muerte natural, sobredosis, suicidio o accidente de trabajo", señala Manuel Velázquez, "pero esa es precisamente una conclusión a la que sólo se llega cuando se termina la autopsia". Juan Sanchis, médico forense de Llíria, cometió uno de esos errores concluyentes que permitió camuflar un homicidio violento tras un diagnóstico engañoso de muerte natural. Sucedió en el caso de un hombre de edad avanzada, cuyo cuerpo ya en fase de descomposición fue hallado en la cuneta de una carretera comarcal. Sanchis llevó a cabo en el cementerio la necropsia que, en un primer momento, no reveló ninguna anomalía a falta de cualquier tipo de instrumental radiológico o microscópico en las destartaladas instalaciones. Era uno de ese 99% de casos en que la muerte no entraña misterios. Aún así solicitó que se le practicasen al cadáver radiografías en Valencia, pero las presiones de la familia, de la empresa funeraria y del mismo juzgado que pretendían no demorar los actos funerarios, le hizo desistir de solicitar nuevas pruebas y el cuerpo fue enterrado. Dos años después, un hombre se confesó culpable de haber asesinado a su padre a golpes en una carretera comarcal. El cadáver fue exhumado y una simple prueba radiológica reveló fuertes traumatismos en la cabeza del fallecido por muerte natural. La Generalitat pretende suplir estas graves deficiencias con la creación de un instituto en cada una de las tres provincias con un presupuesto total de 377 millones de pesetas, frente a los 1.200 millones destinados para un solo centro en Cartagena, o los más de 2.000 millones con que cuenta una capital mediana como Zaragoza.

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