El que la hace sigue sin pagarla

El actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en los informes sobre las reclamaciones por anormal funcionamiento judicial, sigue manteniendo el criterio establecido por los anteriores Consejos: no pronunciarse respecto a la procedencia legal de repercutir ("repetir" dice la ley) todo o parte de las indemnizaciones sobre los jueces responsables de las anomalías, en los casos en que se estime que lo son. En consecuencia, en tales casos, paga el Estado, pero no el que la hace.Un indicador de la impunidad indemnizatoria de que disfrutan los jueces lo ofrece el número 20 de la revista ...

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El actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en los informes sobre las reclamaciones por anormal funcionamiento judicial, sigue manteniendo el criterio establecido por los anteriores Consejos: no pronunciarse respecto a la procedencia legal de repercutir ("repetir" dice la ley) todo o parte de las indemnizaciones sobre los jueces responsables de las anomalías, en los casos en que se estime que lo son. En consecuencia, en tales casos, paga el Estado, pero no el que la hace.Un indicador de la impunidad indemnizatoria de que disfrutan los jueces lo ofrece el número 20 de la revista Deliberación, de la Asociación Profesional de la Magistratura, que recoge la reducción desde 1995, en un 20%, de las primas de las pólizas de responsabilidad civil.

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El criterio fue establecido por sendas resoluciones del pleno del CGPJ en 1986 (presidido por Antonio Hernández Gil) y 1992 (con Pascual Sala como presidente), a las que sigue ateniéndose el actual Consejo (que preside Javier Delgado Barrio).

En aquellas resoluciones, el CGPJ, respecto a la procedencia o no de que se ejerciera "la acción de repetición" prevista en la ley orgánica del Poder Judicial", acordó emitir "pronunciamiento expreso, cuando así se derive de las actuaciones practicadas, acerca de la improcedencia de la acción de repetición" contra el juez, "guardando silencio en caso contrario".

El mantenimiento de tal criterio de silencio por el actual Consejo ha suscitado preocupación en el órgano que prepara los dictámenes que se someten al pleno: la Comisión de Estudios e Informes, que preside la vocal Elisa Veiga. En el seno de esta comisión se ha planteado que las resoluciones del CGPJ no son leyes y que el actual Consejo es soberano para modificarlas.

En cambio, el actual CGPJ ha aplicado extensivamente el concepto de Administración de Justicia, al estimar que hubo anormal funcionamiento de la misma cuando los responsables son los secretarios judiciales (deber de custodia sobre todo), fiscales, forenses u otros funcionarios.

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