Las inversiones en Educación y Sanidad para 1998 se han reducido un 25% en diez meses

Los proyectos para construcción de hospitales y escuelas recogidos en los presupuestos de 1998 apenas se corresponden con la realidad, diez meses después de aprobados. Las partidas presupuestarias para inversiones reales en las consejerías de Educación y Sanidad se han recortado a la baja ya en un 25%, según los datos oficiales de ejecución presupuestaria a 31 de octubre. Pero si la partidas de gasto se recortan, la ejecución de los ingresos no corre mejor suerte. A finales de octubre Hacienda sólo había ingresado un 17% de los pagos que dice tener pendientes.

La consejería de Sanidad t...

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Los proyectos para construcción de hospitales y escuelas recogidos en los presupuestos de 1998 apenas se corresponden con la realidad, diez meses después de aprobados. Las partidas presupuestarias para inversiones reales en las consejerías de Educación y Sanidad se han recortado a la baja ya en un 25%, según los datos oficiales de ejecución presupuestaria a 31 de octubre. Pero si la partidas de gasto se recortan, la ejecución de los ingresos no corre mejor suerte. A finales de octubre Hacienda sólo había ingresado un 17% de los pagos que dice tener pendientes.

La consejería de Sanidad tenía previsto invertir 15.315 millones en nuevas dotaciones durante 1998. Hasta noviembre, esa cifra se redujo en 4.203 millones. El área de Educación sufre un recorte mayor en números absolutos. Francisco Camps se ha visto obligado a retirar 4.783 millones destinados a construcción de nuevas escuelas sobre un total de 21.952. El volumen de personal a las órdenes de las consejerías, que gestionan las transferencias de más calado, ha consumido buena parte de los fondos destinados a nuevas dotaciones. La escasa ejecución de los fondos de inversión, previamente recortados, complica la situación. Educación ha comprometido en diez meses menos de las dos terceras partes de las partidas disponibles y ha pagado efectivamente un 37%. Sanidad apenas había adjudicado un 38% de su presupuesto de inversiones a finales de octubre, de los cuáles sólo había pagado un 22%. La capacidad de gestión de Farnós queda en entredicho. Sólo la Consejería de Empleo e Industria, que encabeza Diego Such, ofrece un panorama tan desolador. El volumen absoluto de los fondos para inversiones que maneja Such le permite pasar desapercibido, pero lo cierto es que apenas ha comprometido la cuarta parte del dinero que puede gestionar y no ha pagado ni la quinta parte. La Consejería de Medio Ambiente, que controla el regionalista Juan Manuel Castellà, no parece quitarse la pasta de las manos con eficacia, lo mismo que la Consejería de Presidencia. Ambas han pagado poco más de la cuarta parte de los fondos para inversiones. El área de Obras Públicas, que maneja el mayor presupuesto de inversiones con 56.369 millones, resulta ser la más solvente, aunque a finales de octubre los pagos efectivos apenas superaban el 50%. Transferencias Las inversiones que se ejecutan a partir de fondos que son recibidos con carácter finalista, las denominadas transferencias de capital, suelen perderse si no se ejecutan. Joaquín Farnós figura de nuevo como último de la fila, de los escasos 1.680 millones que corresponden a transferencias de capital para Sanidad, apenas se han comprometido 124 millones. El volumen de transferencias es significativo en las consejerías de Obras Públicas, que durante diez meses ha trasladado a destino la mitad de los 32.375 millones previstos para 1998, y Agricultura, donde se ha cumplido los programas correspondientes a una cuarta parte de los 21.000 millones que debe distribuir la regionalista Maria Àngels Ramón-Llin. Considerada la ejecución global de gastos, es decir, sumados todos los capítulos desde compra de papel a inversiones en obras, los indicadores de Educación y Sanidad mejoran sensiblemente. El volumen de la nómina de funcionarios es clave. La Consejería de Empleo e Industria resulta ser la más cicatera, puesto que sólo ha comprometido el 46% de sus fondos y apenas ha pagado un 38,7%. También vuelve a flojear el área de Medio Ambiente, que durante diez meses ha comprometido la mitad de su presupuesto de gastos y ha cumplido con un 40% las facturas previstas hace un año. Pero si el Consell no parece gastar con diligencia, la capacidad para recaudar facturas pendientes de ejercicios anteriores resulta mucho menos solvente. Los impuestos cuya gestión correponde a la Hacienda autonómica muestran una capacidad recaudatoria durante los diez primeros meses del año que no supera el 13% en ningún caso de los pagos pendientes de años pasados. Los ingresos previstos en impuestos sobre el capital, que a principios de 1998 ascendían a 18.314 millones, ascendían efectivamente a 1.589 millones a finales de octubre. Las facturas pendientes en la parcela de impuestos sobre tasas y actos jurídicos documentados, que superaban los 11.000 millones, se han reducido apenas en un 12,8% y han aportado sólo 1.427 millones hasta la fecha. Los impuestos sobre el juego pendientes de recaudar a principios de 1998 ascendían a 2.732 millones, pero las arcas autonómicas apenas se han engrosado en 190 millones.

El Estado tampoco paga

La Generalitat no muestra mucha diligencia en el gasto, pero el Estado tampoco paga, según los datos de ejecución presupuestaria correspondientes a finales de octubre. Entre el cúmulo de facturas que la Generalitat considera pendientes, el Estado resulta el primer deudor. Las transferencias corrientes que cubren inversiones concretas con carácter finalista sumaban a principios de 1998 una factura de casi 73.000 millones de pesetas. Después de diez meses, Hacienda ha recibido 3.778 millones, poco más del 5%. Más grave resulta la factura que la Generalitat Valenciana reclama ante la Seguridad Social, que asciende a la friolera de 93.099 millones. Las gestiones de la Generalitat han logrado arrancar menos de un 3% del total, apenas 2.580 millones. La mitad de la factura que la Generalitat reclama en las ventanillas de la Seguridad Social corresponde a una generación de crédito de 46.000 millones durante el años 1996, que el Estado parece desestimar con insistencia. El resto corresponde a las desviaciones de gasto sanitario que la Generalitat atribuye a la atención a desplazados. A pesar de los previsibles problemas burocráticos que se atribuyen a las gestiones ante la Unión Europea, lo cierto es que Bruselas paga mucho mejor que Madrid. Hasta noviembre de 1998, la Generalitat había ingresado un 50% de las facturas de ejercicios previos.

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