El Gobierno admite que aplica flexiblemente la Ley de Incompatibilidades porque es "muy dura"

El Gobierno admitió ayer que aplica de forma flexible la Ley de Incompatibilidades de altos cargos porque es "enormemente dura". Esta confesión la realizó el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, al defender la compatibilidad del exsecretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Rodríguez con la presidencia de una empresa publicitaria, Carat. Rajoy reveló también que no ha exigido la declaración de actividades a los 46 exaltos cargos cesados que no la han presentado. PSOE, IU y PNV exigieron al ministro que reconsiderara su posición sobre Rodríguez y la ley.

El debate ...

El Gobierno admitió ayer que aplica de forma flexible la Ley de Incompatibilidades de altos cargos porque es "enormemente dura". Esta confesión la realizó el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, al defender la compatibilidad del exsecretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Rodríguez con la presidencia de una empresa publicitaria, Carat. Rajoy reveló también que no ha exigido la declaración de actividades a los 46 exaltos cargos cesados que no la han presentado. PSOE, IU y PNV exigieron al ministro que reconsiderara su posición sobre Rodríguez y la ley.

El debate en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso sobre la posible incompatibilidad de Rodríguez para presidir una empresa publicitaria derivó en otra polémica, de carácter político, sobre la aplicación por el Gobierno de la Ley de Incompatibilidades de altos cargos, promulgada en 1995, en plena marea de escándalos, y animada por el PP, entonces en la oposición. La ley de 1995 endureció el régimen de incompatibilidades al prohibir a ministros y secretarios de Estado el ejercicio por dos años, tras su cese, de actividades privadas, vinculadas a su cargo público. Asimismo, endureció las sanciones por incompatibilidad. Rajoy defendió ayer la compatibilidad de Rodríguez por considerar que las atribuciones de la Secretaría de Estado de Comunicación se refieren a la difusión de la actividad del Gobierno y la coordinación de la política informativa y, entre ellas, no figura el reparto publicitario.El portavoz del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió la incompatibilidad al asegurar que, en la práctica, la Secretaría de Comunicación, cuyo titular era Miguel Ángel Rodríguez, ejerció actividades publicitarias. Señaló, apoyándose en el Boletín Oficial del Estado, que en noviembre de 1996 el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, dependiente funcionalmente de la Secretaría de Estado de Comunicación que tramitó el expediente, estableció contratos de publicidad con la empresa Carat, que ahora preside, por valor de 1.750 millones de pesetas.

Recordó que en diciembre de 1996, el Gobierno anunció la creación de una comisión interministerial, presidida por el secretario de Estado de Comunicación, para reordenar la publicidad institucional, y promovió numerosas reuniones. La tercera prueba que presentó el PSOE sobre la implicación de la Secretaría de Estado en la publicidad fue que el Gobierno consignó a ésta, en los Presupuestos de 1999, el pago a los diarios Egin y El Alcázar por publicidad institucional pendiente, tras sendas sentencias judiciales de 1997 y 1998.

Dudas fundadas

El portavoz socialista señaló al ministro, a renglón seguido: "Las dudas sobre la compatibilidad de Rodríguez son fundadas. Hay un malestar notorio en el sector de la publicidad. Le pido que reconsidere su posición".Rajoy no cedió. Se atrincheró en que la publicidad institucional no figura entre las competencias de la Secretaría de Estado de Comunicación. Manifestó que hacía una interpretación flexible de la ley no sólo con Rodríguez sino con los 46 exaltos cargos, la inmensa mayoría socialistas, que aún no han presentado la declaración de actividades que marca la ley. "Desde que soy ministro no he declarado la incompatibilidad de ningún alto cargo y eso que hay casos más dudosos que el de Rodríguez. Respeto la ley, pero no haré una aplicación inquisitorial de una ley como la de 1995, enormemente dura y producto de una situación política", en alusión a los escándalos de la última etapa del Gobierno socialista.

El socialista Rodríguez Zapatero replicó a Rajoy que para él era una "satisfacción" que "lo que antes" se denunciaba como "tráfico de influencias", en alusión a la actitud del PP durante el Gobierno del PSOE, se convierta en la etapa actual, en una "actitud inquisitorial ante la actividad pública". Y solicitó al ministro que si le parece que la ley es dura, "lo mejor es que o la derogue o pida su reforma". El portavoz de IU, Pedro Antonio Ríos, reprochó al PP su "interpretación benévola" actual frente a la anunciada "regeneración" que prometió en la oposición. "No se entiende nada".

Margarita Uría, del PNV, dijo que era impresentable "política, ética y estéticamente" que Rodríguez presida una empresa publicitaria, una vez cesado como secretario de Estado de Comunicación. Rajoy admitió que, aunque "probablemente sea discutible" su decisión, está convencido de que el Gobierno "cumple la ley".