Polémica absurda
La Consejería vasca de Interior ha retirado la protección policial que venía prestando a los cargos electos del PP en Euskadi desde que se convirtieron en el objetivo preferente de los terroristas de ETA. La tregua observada desde hace tres meses por la banda es considerada por el consejero en funciones, Martiarena, suficiente prueba de que ya no corren peligro, a pesar de que la reaparición de amenazas públicas habría aconsejado una actitud como mínimo más comprensiva por parte del sucesor de Atutxa.Es cierto que la tregua, aun no siendo definitiva, supone un cambio considerable. Parece lógic...
La Consejería vasca de Interior ha retirado la protección policial que venía prestando a los cargos electos del PP en Euskadi desde que se convirtieron en el objetivo preferente de los terroristas de ETA. La tregua observada desde hace tres meses por la banda es considerada por el consejero en funciones, Martiarena, suficiente prueba de que ya no corren peligro, a pesar de que la reaparición de amenazas públicas habría aconsejado una actitud como mínimo más comprensiva por parte del sucesor de Atutxa.Es cierto que la tregua, aun no siendo definitiva, supone un cambio considerable. Parece lógico que las medidas de seguridad se adapten, prudentemente, a ese cambio. La prudencia significa no desentenderse de esas personas y, desde luego, no ofenderlas. Quienes han sufrido de cerca el asesinato de seis compañeros es razonable que sientan inseguridad cuando reaparecen las amenazas. Tienen derecho a esperar comprensión y ayuda, y no sarcasmos como los de Arzalluz; explicaciones personales del consejero, y no recomendaciones de que presenten denuncia ante el juzgado de guardia.
Pero es cierto que también el PP, advertido hace tiempo de la decisión adoptada por la Consejería vasca de Interior, debió haber colaborado a buscar soluciones caso por caso. Lo imprudente es convertir esto en otro pleito absurdo, como el que ya se planteó en enero sobre si debían o no participar otros cuerpos policiales, además de la Ertzaintza, en la protección de los concejales amenazados. Hoy, como entonces, lo absurdo es dirimir este asunto en público y a voces. Si hay un problema de personal, que lo hablen Mayor Oreja y Martiarena. El colofón lo ha puesto el lehendakari en funciones al aparecer con gesto crispado en la televisión acusando a Mayor Oreja de ser "un provocador", que con su política penitenciaria está incitando las amenazas del entorno etarra a los cargos del PP. La política penitenciaria del Gobierno es discutible, pero afirmar que "no se están respetando los derechos de los presos" es una falsedad y una irresponsabilidad. ¿Habrá que recordar cómo interpretó el mundo de ETA ligerezas similares en el pasado?
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