Técnicos de la Junta y de la Seguridad Social rebajan la deuda andaluza a sólo 3.112 millones
La Junta sólo debe a la Seguridad Social 3.112 millones de pesetas y no los 13.000 millones de principal o 33.000 millones (deuda más recargos) que reclamaba hace apenas seis meses el ministro de Trabajo, Javier Arenas. Esos 3.112 millones son el principal de la deuda que en materia de cotizaciones de sus empleados públicos mantiene la comunidad andaluza con el Estado, según el proceso de conciliación que han llevado a cabo durante más de dos años los técnicos de la Tesorería General de la Seguridad Social y los de la Consejería de Economía andaluza.
La Junta ha propuesto al Ministerio ...
La Junta sólo debe a la Seguridad Social 3.112 millones de pesetas y no los 13.000 millones de principal o 33.000 millones (deuda más recargos) que reclamaba hace apenas seis meses el ministro de Trabajo, Javier Arenas. Esos 3.112 millones son el principal de la deuda que en materia de cotizaciones de sus empleados públicos mantiene la comunidad andaluza con el Estado, según el proceso de conciliación que han llevado a cabo durante más de dos años los técnicos de la Tesorería General de la Seguridad Social y los de la Consejería de Economía andaluza.
La Junta ha propuesto al Ministerio de Trabajo un convenio para que esa deuda sea compensada con los 6.625 millones que el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene contraída desde el pasado enero con Andalucía en concepto del Programa de control sanitario de la Incapacidad Laboral, según informó ayer Canal Sur. De esa manera, el saldo a favor de Andalucía sería de más de 3.500 millones de pesetas. La titular de Economía de la Junta, Magdalena Álvarez, remitió el pasado 23 de noviembre una carta al ministro Javier Arenas para intentar cerrar la polémica. En la carta, Álvarez señala las conclusiones del proceso de conciliación entablado entre ambas administraciones y que ha dado como resultado un saldo deudor de la Junta de 3.112,6 millones de pesetas. Cantidad que corresponde al principal de la deuda, señala la consejera,y de la que le recuerda al ministro: "Sobre esa cantidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley General de la Hacienda Pública en Andalucía, que tu bien conoces, no pueden establecerse recargos de apremio", es decir, que la comunidad no puede pagar penalizaciones por demora según esa ley y según los informes jurídicos solicitados por la Consejería de Economía. Asimismo, en la carta, Álvarez recuerda que el Ministerio debía haber remitido a la Junta desde enero de 1998, y en virtud del acuerdo de financiación sanitaria alcanzado entre ambas administraciones, un total de 7.228 millones de pesetas, a razón de 602,3 millones mensuales en concepto del Programa de Actuaciones de la Junta para el control sanitario de la Incapacidad Laboral, dinero que no ha sido transferido, por lo que a fecha de noviembre la deuda generada a favor de la comunidad por la Seguridad Social es de 6.225 millones. La carta dirigida al ministro concluye proponiendo un Acuerdo de Compensación de Deudas, similar al que el propio ministerio esgrimió -cuando denunció la deuda andaluza- y que fue firmado por la Generalitat de Catalunya y la Tesorería General de la Seguridad Social para saldar deudas de ambas administraciones. La Junta espera que el ministro acepte la firma del acuerdo de compensación y que ello "permita despejar algunas de las cuestiones financieras planteadas entre ambas administraciones, así como que contribuya a la clarificación de las relaciones mutuas". El ministro de Trabajo, Javier Arenas, ofreció al presidente Chaves el pasado nueve de julio, en plena polémica por este asunto, firmar un pacto y elegir "el convenio que quiera" para pagar la deuda con la Seguridad Social.
El PP quiere 18.000
El secretario general del PP de Andalucía, Juan Ojeda, reconoció ayer que el principal de la deuda de la Junta con la Seguridad Social es de 3.112 millones, si bien insistió en que aún deberá pagar otros 15.000 millones de intereses de apremio. Ojeda calificó de "falsas" y de "mentira" las cuentas que hace la Junta e indicó que el INSS no le debe nada. "Esos 7.000 millones que dice la consejera son para las comunidades que han cumplido el acuerdo de financiación sanitaria en lo que respecta a la reducción de la incapacidad laboral transitoria. Como no ha cumplido, no tiene derecho a una sola peseta". Áñadió que la ley autonómica que esgrime la consejera no obliga a la Administración central y lanzó una advertencia: "Si Álvarez quiere reabrir la guerra la Seguridad Social se va a presentar una querella contra la Dirección General de Patrimonio de la Junta por apropiación indebida". Ojeda se refería al contencioso sobre la inscripción en el registro de la propiedad de edificios de la Seguridad Social a nombre de la Junta, asunto sobre el que había un principio de acuerdo.