21 municipios, la mayoría guipuzcoanos, están en situación financiera "delicada"
Un total de 21 municipios vascos, de ellos 16 guipuzcoanos, se encuentran en una "situación financiera delicada", con un deuda que llega a alcanzar las 175.000 pesetas por habitante, según el último informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) sobre los 250 ayuntamientos de Euskadi referido a 1996. El documento fiscalizador califica de "significativo" el endeudamiento local, cuya cifra global de ese año incluyendo a las entidades y organismos supramunicipales totalizó más de 196.000 millones de pesetas.
La institución fiscalizadora observa "una notable mejoría" en las cuentas g...
Un total de 21 municipios vascos, de ellos 16 guipuzcoanos, se encuentran en una "situación financiera delicada", con un deuda que llega a alcanzar las 175.000 pesetas por habitante, según el último informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) sobre los 250 ayuntamientos de Euskadi referido a 1996. El documento fiscalizador califica de "significativo" el endeudamiento local, cuya cifra global de ese año incluyendo a las entidades y organismos supramunicipales totalizó más de 196.000 millones de pesetas.
La institución fiscalizadora observa "una notable mejoría" en las cuentas generales de los ayuntamientos y destaca a los municipios de Álava como los que más se ajustan al cumplimiento de la normativa. El informe determina una situación financiera delicada, en base a los recursos de tesorería, el ahorro bruto y la carga financiera, en 21 ayuntamientos, 16 de ellos guipuzcoanos, tres vizcaínos y dos alaveses. El municipio alavés de Navaridas, con una deuda superior a 175.000 pesetas por habitante, los guipuzcoanos de Oñati y Zumarraga (168.000 y 154.000 pesetas por vecino) y San Sebastián (137.000) aparecen con las peores perspectivas económicas. En el documento también se recomienda a seis ayuntamientos, todos ellos vizcaínos -Artea, Orozko, Plentzia, Bergango, Etxebarri y Ortuella- que realicen "un esfuerzo importante de contención del gasto, ya que no tienen capacidad para asumir mayor deuda que financie sus remanentes negativos". "La situación -continúa- es más grave en los ayuntamientos de Artea, Orozko y Etxebarri, por tener una deuda superior a 50.000 pesetas por habitante". El Tribunal de Cuentas observa que la deuda por habitante es creciente en función de la población, "a excepción del estrato que comprende los ayuntamientos de entre 20.000 y 50.000 habitantes, en el cual existe una deuda por habitante bastante similar a la de los que tienen un población entre 5.000 y 10.000 habitantes. Esta situación se genera por la menor deuda de los ayuntamientos de Leioa, Galdakao y Santurtzi", señala. En cambio, el 40% de los municipios menores de 1.000 habitantes y el 8% de los que tienen entre 1.000 y 5.000 vecinos no estaban endeudados en el ejercicio de 1996. El informe también analiza la situación financiera de las 55 entidades supramunicipales existentes, que suman una deuda de más de 70.700 millones. Sin embargo, la situación de endeudamiento "puede considerarse baja", ya que la mayor parte de esta cantidad corresponde al Consorcio de Transportes, con 62.000 millones, lo que se explica por las obras de construcción del metro de Bilbao. Más presión fiscal El tribunal lanza una recomendación a estos organismos, que reciben gran parte de su financiación de la aportación de los municipios que las componen. "Deberían calcular el coste de los servicios prestados y repercutirlos, en función del uso de los mismos, a los entes asociados". La presión fiscal de los ayuntamientos se incrementó un 10,6% en 1996 respecto al año anterior. El estudio revela que las corporaciones vascas obtuvieron en concepto de impuestos, tasas y precios públicos una recaudación media por habitante de 48.670 pesetas. La inversión real neta de los ayuntamientos (descontadas las enajenaciones) ascendió en 1996 a 14.314 millones de pesetas y fue de carácter inverso al tamaño de los municipios.
Anomalías en la contabilidad
La contabilidad interna de los ayuntamientos vascos dista aún de ser la óptima. El Tribunal de Cuentas constata que el 52% de ellos carece de una contabilidad patrimonial razonable, al no incorporar en el balance y la cuenta de resultados las amortizaciones del inmovilizado. La situación es peor en 43 ayuntamientos, el 17% del total, "que no han implantado una contabilidad patrimonial que permita obtener balance y cuenta de resultados". De ellos, el 98% están en Vizcaya y Guipúzcoa y se trata de municipios con menos de 5.000 habitantes.