El Tribunal de Cuentas revela numerosas anomalías en la gestión de la Comunidad

Los fiscalizadores de las cuentas públicas destacan en su dictamen que, durante el mandato popular, se concedió una puntuación extra a cuatro empresas por el hecho de acercar sus ofertas a la "media resultante de todas las empresas presentadas". Según el Tribunal, este criterio "no es coherente" porque "carece de justificación no primar las mayores bajas una vez valoradas las ofertas".Con este método irregular, según el informe, se adjudicaron las obras de protección anti-incendios de un centro de la Consejería de Sanidad en Las Rozas (123 millones) y la construcción de las escuelas infantiles de Barajas, Arganzuela y Vicálvaro (325 millones). En estas últimas obras además se aplicaron baremos "no previstos" en los pliegos del concurso y se establecieron "baremos con posterioridad a la apertura de los sobres". Además, la empresa que construyó la escuela de Vicálvaro no pudo acreditar "el cumplimiento de su obligaciones tributarias y de la Seguridad Social", según el dictamen.

El Tribunal recuerda también que durante el Gobierno de Joaquín Leguina se hizo lo mismo con la adjudicación de la campaña institucional relativa a las elecciones a la Asamblea de Madrid de 1995 (159 millones) y en la cobertura asistencial a los drogodependientes de las zonas norte y de Móstoles (275 millones de pesetas).

En las obras del Ayuntamiento de Talamanca del Jarama (137 millones), los fiscalizadores simplemente no entienden qué criterios se siguieron para adjudicar el trabajo.

El Tribunal destapa que el ejecutivo popular no valoró tampoco todas las ofertas que se presentaron al concurso de asistencia técnica de control de la calidad de las obras de la línea 10 del metro (51,7 millones). Y además, según los auditores, se "produjeron dilaciones no justificadas en la tramitación" del contrato de la asistencia técnica que debe inspeccionar y vigilar los trabajos (81 millones de pesetas). Se superó en dos años el tiempo máximo que marca la ley.

El equipo socialista concedió, según los fiscalizadores, la construcción de la estación de autobuses de Moncloa (294 millones) a un licitador "que había ofertado un precio y un plazo más elevado [18 millones] que otro", a pesar de que entre ellos no había ninguna diferencia técnica ni de experiencia. La Comunidad sólo arguyó que la oferta que se comprometía a realizar las obras en menos tiempo y de forma más barata era "temeraria".

El Gobierno socialista adjudicó también "por una cuantía indeterminada" el servicio de vigilancia de las viviendas del Ivima. De hecho, "el precio que figura en el acuerdo de adjudicación y en el documento de formalización es por cuantía indeterminada". Finalmente, la indeterminación terminó costando 260 millones.

Por último, en la gestión del Ivima, los auditores han encontrado motivos para recomendar que este organismo repare los daños causados al erario público por las significativas deficiencias detectadas en las viviendas construidas, hace casi veinte años, en la Cornisa de Orcasitas.