Una declaración en tela de juicio

La declaración de impacto ambiental del aeropuerto de Barajas (documento que detalla las medidas legales, medioambientales y de seguridad que deben regir la ampliación del aeródromo) se encuentra ahora en el alero tras la admisión a trámite del recurso interpuesto por los regidores de 14 municipios del entorno.La declaración de impacto fue aprobada el Gobierno socialista el 12 de abril de 1996, pero no gustó a los alcaldes. En ella se concretaba que se debían insonorizar las viviendas de unos 40.000 residentes en las cercanías del aeródromo, porque la puesta en marcha de la tercera pista l...

La declaración de impacto ambiental del aeropuerto de Barajas (documento que detalla las medidas legales, medioambientales y de seguridad que deben regir la ampliación del aeródromo) se encuentra ahora en el alero tras la admisión a trámite del recurso interpuesto por los regidores de 14 municipios del entorno.La declaración de impacto fue aprobada el Gobierno socialista el 12 de abril de 1996, pero no gustó a los alcaldes. En ella se concretaba que se debían insonorizar las viviendas de unos 40.000 residentes en las cercanías del aeródromo, porque la puesta en marcha de la tercera pista les obligaría a soportar un ruido superior a los 65 decibelios por la mañana y 55 durante la noche, niveles a partir de los cuales se hacía insoportable vivir en los pisos afectados.

La declaración prohibía, además, la ampliación del aeropuerto a cuatro pistas e imponía la obligación al Ministerio de Fomento de iniciar los estudios necesarios para un nuevo aeródromo, "en el entorno de Madrid", en un plazo máximo de tres años.

El documento incluía también numerosas medidas correctoras. Por ejemplo, la restricción de despegar de noche a las naves más ruidosas: el aeropuerto debía prohibirles esta operación entre las doce de la noche y las seis de la mañana. A partir del año 2000, la restricción se impondría entre las 23.00 y las 7.00.

La declaración de impacto forzaba, además, al Ministerio de Fomento a realizar un estudio de detalle (huella sonora) para fijar con exactitud los pisos que tenían derecho a acogerse a las medidas antirruido (dobles ventanas, aislamiento de terrazas...)

Hace unas semanas, Fomento presentó la esperada huella sonora y su plan de aislamiento acústico. Pero sólo establecía que debían insonorizarse poco más de 3.000 pisos.

Los alcaldes pusieron entonces el grito en el cielo. Hasta la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, consideró muy alejada de la realidad la propuesta final de Fomento. Por ello, Medio Ambiente ha dado un plazo de seis meses a los técnicos de su homólogo de Fomento, Rafael Arias-Salgado, para rehacerla por completo. Un equipo formado por técnicos del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, velará porque las mediciones de los niveles sonoros que deben soportar los vecinos sean las correctas.