Fungairiño: "Garzón vulnera la Constitución, pero no actúa de mala fe"

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, afirmó ayer que el juez Baltasar Garzón ha vulnerado la Constitución al ordenar la prisión del ex dictador chileno Augusto Pinochet. Sin embargo, Fungairiño dijo que el juez no actúa de mala fe. "La Fiscalía", agregó, "no atribuye intenciones, estudia realidades, y la actuación del juez no se ajusta a derecho y por eso recurre". El fiscal jefe ratificó que es el Gobierno quien tiene la última palabra a la hora de decidir sobre la petición de extradición de Pinochet.

Fungairiño explicó a los medios de comunicación que la Fi...

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, afirmó ayer que el juez Baltasar Garzón ha vulnerado la Constitución al ordenar la prisión del ex dictador chileno Augusto Pinochet. Sin embargo, Fungairiño dijo que el juez no actúa de mala fe. "La Fiscalía", agregó, "no atribuye intenciones, estudia realidades, y la actuación del juez no se ajusta a derecho y por eso recurre". El fiscal jefe ratificó que es el Gobierno quien tiene la última palabra a la hora de decidir sobre la petición de extradición de Pinochet.

Fungairiño explicó a los medios de comunicación que la Fiscalía ha recurrido todas las decisiones adoptadas por Garzón esta semana en el asunto de Pinochet: la ampliación del auto de prisión, la admisión de las querellas de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y de Izquierda Unida, así como la ampliación de la condición de imputados a varios militares chilenos. Y que lo ha hecho, "básicamente con los mismos argumentos" que los utilizados para recurrir el primer auto de prisión del que se derivó la orden internacional de detención del actual senador vitalicio chileno, sólo que "ahora está mejor hecho, con mejor letra de máquina" puntualizó. "No lo he hecho yo, pero no por eso deja de estar bien", concluyó el fiscal jefe. Fungairiño señala que las decisiones de Garzón han vulnerado los principios del Estado de Derecho, la irretroactividad de la ley penal, la tutela judicial efectiva y los relativos al fuero de los diputados y senadores. El fiscal jefe asegura que Garzón se ha saltado las normas de reparto de los asuntos en la Audiencia Nacional al admitir las querellas, que podrían haber correspondido a otros juzgados o en todo caso al que investigaba los casos de Chile, que era el juez García- Castellón. Cuando los periodistas objetaron que el Operativo Cóndor se refiere a casos ocurridos en Argentina, Fungairiño precisó que no sólo a Argentina, sino a Chile, Bolivia y otros países.

Los recursos plantean la nulidad de las actuaciones porque Fungairiño considera "nula de pleno derecho la detención de Pinochet". "Entendemos que es nulo todo", explicó el fiscal de la Audiencia Nacional, "la admisión de la querella, el auto de prisión y radicalmente nula la detención". Sin embargo, Fungairiño se mostró cauto y no quiso pronunciarse sobre la postura de la Fiscalía sobre la extradición de Pinochet, ya que el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, dijo el miércoles en A Coruña que está en estudio. "Lo lógico sería que la Fiscalía se opusiera a la extradición, pero a esta hora (14.30 horas del jueves) todavía no hay postura", matizó.

En los recursos se reitera que los asesinatos, torturas y desapariciones en Chile o en Argentina no constituyen genocidio porque fue una "cruel represión ideológica de población", pero no se trató de eliminar a "grupos raciales, nacionales o religiosos". Igualmente se señala que España no es superior jerárquicamente a Chile o Argentina y que para enjuiciar este tipo de delitos se ha creado el Tribunal Penal Internacional.

Respecto al delito de terrorismo, del que también se acusa a Pinochet, Fungairiño sostiene que hay que entender que se refiere a un delito contra la seguridad interna del Estado y no a la de un Estado extranjero. Sin embargo, y aunque reconoce que no existe ningún precepto donde expresamente se reconozca a los senadores extranjeros un fuero equiparable a los senadores españoles, el fiscal jefe lo considera similar y propone que se pregunte a la Sala Segunda si los senadores extranjeros tienen las mismas prerrogativas que los españoles.