La oposición se une contra la decisión de la Generalitat de vender su centro informático por 3.000 millones

La oposición se ha unido para evitar que el Gobierno catalán saque adelante su plan para desprenderse del Centro Informático de la Generalitat (Cigesa), en el que trabajan 360 personas. El PSC, ERC e IC-EV expresaron ayer su rechazo a la privatización.Cigesa se encarga de prestar a la Generalitat servicios informáticos internos, entre ellos las nóminas de los trabajadores, así como datos sanitarios y tributarios de los contribuyentes. La oposición quiere que el Gobierno catalán informe de este proyecto al Parlament y teme que la privatización de la empresa haga peligrar la confidencialdiad de ...

La oposición se ha unido para evitar que el Gobierno catalán saque adelante su plan para desprenderse del Centro Informático de la Generalitat (Cigesa), en el que trabajan 360 personas. El PSC, ERC e IC-EV expresaron ayer su rechazo a la privatización.Cigesa se encarga de prestar a la Generalitat servicios informáticos internos, entre ellos las nóminas de los trabajadores, así como datos sanitarios y tributarios de los contribuyentes. La oposición quiere que el Gobierno catalán informe de este proyecto al Parlament y teme que la privatización de la empresa haga peligrar la confidencialdiad de los datos que maneja. Los tres grupos presentaron una proposición no de ley, que cuenta con el apoyo de CC OO y el comité de empresa, en la que exigen que la privatización sea aprobada por el Parlament y reclaman que, en caso de que se lleve a cabo, se incremente la valoración de Cigesa, así como los mecanismos para evitar el uso indebido de los datos. En opinión de estos tres partidos, la venta de Cigesa puede ser el primer paso de una "ofensiva privatizadora" de la Generalitat. La Generalitat ha puesto a la venta la empresa por un mínimo de 3.000 millones de pesetas, según el concurso restringido. La oposición afirma que la Administración catalana ha convocado el concurso sin consultar previamente esta decisión al Parlament como establece la ley de creación de la empresa. Para ello, se ha acogido a una disposición adicional de la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 1998, que anuló para este año estos mecanismos de control. Los diputados Martí Carnicer (PSC), Joan Ridao (ERC) y Jordi Guillot (IC-EV) aseguraron que la privatización de la empresa no está justificada. CC OO subrayó que la firma no tiene pérdidas. Joaquín Dodero, de CC OO, dijo que el sindicato ha presentado recurso contra la venta ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Dodero pidió a la Generalitat que facilite las cuentas de la empresa y advirtió que "tras su privatización puede venir la del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat"