El Gobierno y las cajas salvan sus diferencias para crear dos sociedades que gestionen suelo y pisos

El Gobierno vasco y las cajas de ahorros han necesitado un año de negociaciones y la revisión técnica de un apartado de la reciente Ley de Patrimonios Públicos de Suelo para salvar sus diferencias sobre la constitución de dos sociedades para gestionar pisos de alquiler y terreno para edificar. Estas sociedades, de carácter privado por la composición de su capital, contarán con la participación del Gobierno y de las cajas BBK (Vizcaya), Vital (Álava) y Kutxa (Guipúzcoa) y, posiblemente, de un tercer socio de carácter tecnológico, que domine el mercado inmobiliario.

En los próximos días s...

El Gobierno vasco y las cajas de ahorros han necesitado un año de negociaciones y la revisión técnica de un apartado de la reciente Ley de Patrimonios Públicos de Suelo para salvar sus diferencias sobre la constitución de dos sociedades para gestionar pisos de alquiler y terreno para edificar. Estas sociedades, de carácter privado por la composición de su capital, contarán con la participación del Gobierno y de las cajas BBK (Vizcaya), Vital (Álava) y Kutxa (Guipúzcoa) y, posiblemente, de un tercer socio de carácter tecnológico, que domine el mercado inmobiliario.

En los próximos días se determinará el porcentaje de financiación que aporta cada uno y se culminarán todos los detalles. En los meses que restan hasta concluir la actual legislatura, el Gobierno y las cajas dotarán del dinero y de la infraestructura necesaria a los proyectos, aunque no serán operativos hasta la llegada del próximo Ejecutivo. La sociedad operadora de suelo tendrá un presupuesto de 4.000 millones de pesetas y la de alquiler de viviendas de 2.000. El departamento de Vivienda del Gobierno ya contemplaba la creación de estas dos entidades en su Plan Director de Vivienda, aprobado en junio de 1996 y que abarca hasta 1999. El objetivo de la sociedad operadora de suelo es obtener terreno, urbanizarlo y ponerlo en el mercado a unos precios compatibles con la promoción de viviendas protegidas por los diversos operadores. Es decir, agilizar la salida de suelo al mercado, que los trámites burocráticos y la complejidad de la gestión urbanística dificultan. Mientras, la otra sociedad promoverá viviendas sociales y de protección oficial de segmento medio. En principio se nutrirá de las viviendas sociales promocionadas por la propia consejería. Todo ello con recursos propios y la búsqueda de financiación ajena en el mercado. "No cabe montar una boca más en el Gobierno, otra sociedad con pérdidas", explicó Miguel Ángel Delgado, director del gabinete del consejero. La necesidad de las cajas de ahorros, que son los socios financieros, de garantizarse la viabilidad económica futura de las sociedades es lo que ha estirado el proceso. "Uno de los problemas ha radicado en que las cajas siempre han creido que eran los únicos socios posibles, cuando en realidad hay más opciones, como los fondos de inversión inmobiliaria, grandes aseguradoras", explicó el director del gabinete del consejero, Miguel Ángel Delgado. Cuando se había resuelto esa cuestión, surgió un problema con la Ley de Patrimonios Públicos de Suelo, aprobada en la recta final parlamentaria. Los juristas interpretan que la Ley no faculta a este tipo de sociedades para que puedan adquirir patrimonios públicos mediante sistemas como las expropiaciones. La norma sólo lo permite a sociedades municipales de suelo, no a las sociedades con un carácter supramunicipal, como las que quieren crear el Gobierno y las cajas. "Se trata de un tecnicismo que hemos resuelto. La fórmula será a través de un decreto o con una interpretación favorable de la Ley", especificó Delgado. En cuanto al socio tecnológico, aún no es segura su participación. El Gobierno vasco es partidario de incluirlo porque con su experiencia evitará la morosidad, tan característica en las empresas públicas de alquiler. El retraso en poner en marcha estos dos proyectos ha provocado que el Gobierno, a través de su sociedad VISESA (Vivienda y Suelo de Euskadi), se haya hecho cargo directamente de toda la promoción de vivienda protegida. "Ha sido una carga para la consejería. Hubiese sido mucho más liviano hacerlo a través de sociedades operadoras". Así, el Plan Etxebide recoge que en 1997 la sociedad operadora de suelo tenía que haber adquirido terreno para 2.090 viviendas y la sociedad de alquiler haber edificado 300. Para 1998, los planes para la primera eran de 3.086 pisos y 400 para la segunda. Sin embargo, nada de esto ha podido cumplirse al no estar constituidas las sociedades. "Si esas sociedades", subrayó Delgado, "llegan a estar en marcha se hubieran cumplido sobradamente los objetivos del Plan Etxebide. Ahora, se cumplen a duras penas".