Autonomía en las cuentas
De acuerdo con la particular organización de la Iglesia católica, es el Romano Pontífice el supremo administrador económico de los bienes eclesiásticos, y así consta en el Código de Derecho Canónico. De la misma manera, en cada diócesis, el obispo disfruta de amplios poderes en este sentido. Cierto que todas las diócesis tienen un presupuesto económico y un cómputo de gastos pero, de acuerdo con los expertos citados por la prensa italiana, ni siquiera existe la obligación legal de tenerlo. Si una diócesis se abstuviera de hacer las cuentas cada año, el problema no pasaría de ser un problema in...
De acuerdo con la particular organización de la Iglesia católica, es el Romano Pontífice el supremo administrador económico de los bienes eclesiásticos, y así consta en el Código de Derecho Canónico. De la misma manera, en cada diócesis, el obispo disfruta de amplios poderes en este sentido. Cierto que todas las diócesis tienen un presupuesto económico y un cómputo de gastos pero, de acuerdo con los expertos citados por la prensa italiana, ni siquiera existe la obligación legal de tenerlo. Si una diócesis se abstuviera de hacer las cuentas cada año, el problema no pasaría de ser un problema interno o, en última instancia, de la Conferencia Episcopal del país correspondiente, pero la intervención se haría respetando siempre la autonomía de la circunscripción eclesiástica. Tampoco dispone la Iglesia de una institución equivalente al Tribunal de Cuentas, por ejemplo, que examine los movimientos financieros de las diócesis. La única autoridad suprema a la que deben rendir cuentas -aunque no como si fueran organizaciones comerciales- es el propio Papa.Pero en Italia existe un capítulo de las finanzas eclesiásticas del que las diócesis deben dar cuenta: la suma procedente del 8 por mil, el porcentaje de los impuestos que los fieles pueden destinar a la Iglesia para sus actividades pastorales, obras de caridad, el culto y la construcción de iglesias. Cantidades cuyo uso debe ser justificado ante la Conferencia Episcopal. En Nápoles la cifra asciende a unos 800 millones de pesetas.
El presente caso de usura empezó en 1996, cuando Filippo Lemma, entonces director de la sucursal del banco de Nápoles en Sant"Arcangelo, puso en marcha en colaboración con Mario Lucio Giordano, una especie de cooperativa de crédito, un banco dentro del banco que forzaba a los clientes en números rojos a aceptar préstamos abusivos para tapar agujeros financieros. En esa misma sucursal, el cardenal Giordano disponía de una cuenta abierta en 1994 y a disposición de su hermano, que ha centrado las sospechas de los investigadores.