Las aseguradoras quieren exculpar a Maeso del brote de hepatitis C y el juez rechaza que Farnós testifique

Las tres companías aseguradoras que deben cubrir las responsabilidades pecuniarias en las que incurran los miembros del Colegio Oficial de Médicos de Valencia -empresas que también amparan a Juan Maeso, afiliado a la organización de facultativos- solicitaron durante el pasado julio su personación en la causa, en todos los casos bajo la condición de acusación particular. Según fuentes cercanas a la investigación, la pretensión de las compañías es evidente: una hipotética condena contra Maeso, cliente suyo, les obligaría, al menos en parte, a hacer frente a las probables indemnizaciones que ten...

Las tres companías aseguradoras que deben cubrir las responsabilidades pecuniarias en las que incurran los miembros del Colegio Oficial de Médicos de Valencia -empresas que también amparan a Juan Maeso, afiliado a la organización de facultativos- solicitaron durante el pasado julio su personación en la causa, en todos los casos bajo la condición de acusación particular. Según fuentes cercanas a la investigación, la pretensión de las compañías es evidente: una hipotética condena contra Maeso, cliente suyo, les obligaría, al menos en parte, a hacer frente a las probables indemnizaciones que tendría que afrontar el anestesista, el único imputado en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia. Según los estudios epidemiológicos de la Consejería de Sanidad, Maeso está directamente relacionado con los contagios sufridos por 106 de los perjudicados por el brote de hepatitis C detectado en dos hospitales de Valencia. Con su personacion en el caso, las compañías tendrían la posibilidad de solicitar las comparecencias de testigos, pedir nuevas diligencias -reorientar la investigación o las pesquisas del juez y el fiscal- e incluso aportar nuevas pruebas. La labor de los abogados de las aseguradoras iría encaminada, según este planteamiento, a exculpar a Maeso del foco de la infección o, en todo caso, intentar demostrar la supuesta responsabilidad de la Generalitat en el contagio masivo. Las compensaciones por la infección podrían ser millonarias, como prueban varias sentencias judiciales, la última, de un magistrado de Sevilla: Laboratorios Baxter, una multinacional estadounidense cuya sede en España radica en Valencia, deberá indemnizar a los familiares de una mujer fallecida por el mal estado del plasma con el que se le hizo una transfusión de sangre. La víctima contrajo el virus de la hepatitis C: sus allegados serán compensados con 22 millones de pesetas. De momento, el juez encargado del caso, José Manuel Ortega, no se ha pronunciado sobre la pretensión de las casas de seguros, aunque si el magistrado considera que pudieran responder de los supuestos perjuicios provocados por Maeso, su personación será denegada. Así ha sucedido con las solicitudes de la Casa de Salud y la Consejería de Sanidad. La UE no interviene Precisamente, el titular de ese departamento de la Generalitat, Joaquín Farnós, no comparecerá en calidad de testigo por el brote de hepatitis C. De momento. Ortega ha rechazado la solicitud de algunas partes, que demandaron la comparecencia del consejero y del secretario general de Sanidad, Rubén Moreno. La petición de algunas de las acusaciones particulares era clara: uno de los centros en los que se ha localizado el foco de infección -la ciudad sanitaria La Fe- depende de la Generalitat, por lo que alguna anomalía en el Servei Valencià de Salut ha podido provocar o facilitar el brote epidémico. Según las mencionadas fuentes, el juez considera que las comparecencias de Farnós y Moreno no son necesarias dado el actual estado de la investigación. No obstante, la instrucción del caso podría aconsejar al magistrado que el consejero y su secretario general prestaran declaración. Entretanto, la Comisión Europea ha aclarado, en respuesta a una pregunta de Nova Esquerra, que no tiene capacidad para intervenir en el caso, dado que la responsabilidad de investigar el brote de hepatitis C es competencia exclusiva del país donde se ha producido.