Una ley restringe la venta de alcohol en Cataluña
El Parlamento catalán aprobó ayer, con la única oposición del PP, la restricción de la venta y el consumo de alcohol en las gasolineras y áreas de servicio y, si lo requieren los Ayuntamientos, en algunos establecimientos de zonas turísticas, para evitar alborotos callejeros y prevenir accidentes de tráfico. La prohibición parcial entrará en vigor en Cataluña dentro de dos semanas, cuando se publique en el Diario Oficial de la Generalitat la reforma de la ley de drogodependencias que quedó aprobada ayer.La ley prohíbe vender y consumir alcohol en las gasolineras y áreas de servicio de las auto...
El Parlamento catalán aprobó ayer, con la única oposición del PP, la restricción de la venta y el consumo de alcohol en las gasolineras y áreas de servicio y, si lo requieren los Ayuntamientos, en algunos establecimientos de zonas turísticas, para evitar alborotos callejeros y prevenir accidentes de tráfico. La prohibición parcial entrará en vigor en Cataluña dentro de dos semanas, cuando se publique en el Diario Oficial de la Generalitat la reforma de la ley de drogodependencias que quedó aprobada ayer.La ley prohíbe vender y consumir alcohol en las gasolineras y áreas de servicio de las autopistas desde medianoche hasta las ocho de la mañana, y faculta a los ayuntamientos para restringir la venta desde una hora antes, las 23.00, en los establecimientos que no cierran durante la noche.
El Ayuntamiento de Lloret de Mar (Costa Brava) ha sido el principal impulsor de la reforma de la normativa sobre drogodependencias, y ha aprobado ya una ordenanza para restringir el consumo de alcohol en la vía pública.
Tanto el consejero de Sanidad, Eduard Rius, como los partidos de izquierda y nacionalistas radicales que dieron apoyo a la ley destacaron que la regulación de la venta de alcohol no tendría un coste importante para los productores. Las empresas cerveceras, vinícolas y del cava se han opuesto rotundamente a la prohibición.
Pese a votar afirmativamente, la oposición criticó la "precipitación" con que había actuado el gobierno de la Generalitat, y recordó que el propio presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Antoni Negre, envió una carta a los grupos parlamentarios en la que pedía la retirada del proyecto y una negociación con los sectores afectados. El PP votó negativamente por considerar que se trataba de una "ley seca" que "criminaliza a la juventud".