La UE da dos meses a España para rescatar el dinero del Renove

La Comisión Europea declaró ayer ilegales las ayudas concedidas por España a empresarios y particulares para renovar la flota de vehículos industriales dentro del llamado Plan Renove Industrial. El Gobierno español tiene ahora dos meses para explicar a la Comisión qué medidas piensa poner en práctica para recuperar ese dinero, que se eleva a casi 8.200 millones de pesetas.Por contra, la Comisión ha declarado legales las ayudas otorgadas para la compra de vehículos de menos de 3,5 toneladas y todos los destinados a servicios públicos, tales como autobuses, ambulancias y camiones para la recogid...

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La Comisión Europea declaró ayer ilegales las ayudas concedidas por España a empresarios y particulares para renovar la flota de vehículos industriales dentro del llamado Plan Renove Industrial. El Gobierno español tiene ahora dos meses para explicar a la Comisión qué medidas piensa poner en práctica para recuperar ese dinero, que se eleva a casi 8.200 millones de pesetas.Por contra, la Comisión ha declarado legales las ayudas otorgadas para la compra de vehículos de menos de 3,5 toneladas y todos los destinados a servicios públicos, tales como autobuses, ambulancias y camiones para la recogida de basuras.

[El ministro de Industria, Josep Piqué, respondió al anuncio afirmando que el Gobierno está dispuesto a llevar a los tribunales de Justicia la decisión de la Comisión. Piqué señaló que será difícil recuperar las ayudas concedidas a unas 5.000 empresas y particulares, informa EFE]

Con el Plan Renove Industrial, puesto en marcha entre agosto de 1995 y diciembre de 1996, el Gobierno subvencionaba la compra de vehículos industriales a más de 5.000 empresarios y particulares. El Gobierno subvencionaba la compra de cualquier vehículo industrial con el pago del 5% de su valor, con la condición de que esa adquisición permitiese enviar al desguace un vehículo industrial de más de 10 años de antigüedad.

La Comisión entiende que las ayudas constituyen una práctica contraria al Tratado de la UE por considerar que se trataba de subvenciones encubiertas.

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