El Defensor del Pueblo investiga la aplicación de la ley del catalán
El defensor del pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, aseguró ayer en Madrid, en un descanso de su intervención ante el Congreso para presentar su informe anual, que ha abierto una investigación para aclarar las primeras quejas que han llegado a su institución por la aplicación de la ley del catalán. Según explicó a los periodistas, miles de personas le han pedido que recurriese contra esa ley ante el Tribunal Constitucional, aunque finalmente decidió no hacerlo y optó por realizar una serie de recomendaciones a la Generalitat sobre cómo debía realizarse el cumplimiento de la ley.
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El defensor del pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, aseguró ayer en Madrid, en un descanso de su intervención ante el Congreso para presentar su informe anual, que ha abierto una investigación para aclarar las primeras quejas que han llegado a su institución por la aplicación de la ley del catalán. Según explicó a los periodistas, miles de personas le han pedido que recurriese contra esa ley ante el Tribunal Constitucional, aunque finalmente decidió no hacerlo y optó por realizar una serie de recomendaciones a la Generalitat sobre cómo debía realizarse el cumplimiento de la ley.
Cuando realizó esas recomendaciones, Álvarez de Miranda ya anunció que vigilaría la aplicación de la ley para que no se discriminase a la población castellanohablante. Ayer explicó que las primeras quejas sobre la aplicación de la ley han llegado ya a la institución que preside y que, en consecuencia, ha acordado abrir una investigación. Las quejas se refieren a la utilización exclusiva del catalán en los rótulos informativos de algunos juzgados y a la exigencia de saber hablar y escribir esta lengua para cubrir una plaza de albañil municipal en la localidad de Roses (Alt Empordà), gobernada por CiU. Hace una semana, los rótulos bilingües que hasta entonces figuraban en el Palacio de Justicia de la Audiencia de Barcelona empezaron a ser sustituidos por otros únicamente en catalán. El Departamento de Justicia ya anunció en su día que, pese a las críticas de algunos sectores conservadores de la judicatura, sustituiría progresivamente los rótulos, como así está ocurriendo. Hasta el momento no se han repetido las críticas que se formularon en su día desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece el mismo presidente de la Audiencia de Barcelona, Francisco Javier Béjar. En cuanto a la exigencia del catalán hablado y escrito para la plaza de albañil de Roses, el Ayuntamiento desmintió en su día que se planteara ese requisito, pero el Defensor del Pueblo aseguró ayer que la queja recibida procede de uno de los aspirantes, que aseguraba haber sido rechazado por no cumplir las exigencias relativas a la lengua. Unas semanas antes de que entrase en vigor la ley del catalán, el Ayuntamiento de Olot (Garrotxa), gobernado también por CiU, planteó ese mismo requisito para acceder a otra plaza de albañil municipal. En otro momento de sus declaraciones ante los periodistas Álvarez de Miranda explicó que "miles de ciudadanos" le pidieron a título individual que recurriese contra la constitucionalidad de la ley del catalán y precisó que "las solicitudes de las organizaciones han sido más bien escasas". Plazas para ancianos Al mismo tiempo que relataba esas quejas recibidas por la aplicación de la ley del catalán, el Defensor del Pueblo recordó también que ha recibido quejas de jubilados que se han trasladado de otras comunidades a vivir a Cataluña y tienen dificultades para obtener una plaza en una residencia pública. Álvarez de Miranda recordó el derecho a la libertad de traslado en todo el territorio español y pidió que se eliminen las dificultades que han sido motivo de queja, y que las autoridades competentes en esta materia actúen para resolver esta cuestión. Hace más de un año 1.600 personas se encontraban en lista de espera en Cataluña para ingresar en una residencia y entonces ya hacía falta doblar el número de plazas.