El Parlamento pide una ley para controlar el fraude en pisos públicos

Los partidos que integran el tripartito reconocieron ayer en el pleno del Parlamento vasco que hay que poner más instrumentos para evitar el fraude en la transmisión de los pisos de protección oficial. Así, la Cámara aprobó una propuesta de PNV, EA y PSE en la que se insta al Gobierno vasco a elaborar una ley que refunda la normativa dispersa en materia de vivienda de protección oficial y que actualice los mecanismos de control y sanción contra los defraudadores. Esta propuesta es una consecuencia de una enmienda transaccional que el tripartito presentó a una proposición no de ley de IU, en la...

Los partidos que integran el tripartito reconocieron ayer en el pleno del Parlamento vasco que hay que poner más instrumentos para evitar el fraude en la transmisión de los pisos de protección oficial. Así, la Cámara aprobó una propuesta de PNV, EA y PSE en la que se insta al Gobierno vasco a elaborar una ley que refunda la normativa dispersa en materia de vivienda de protección oficial y que actualice los mecanismos de control y sanción contra los defraudadores. Esta propuesta es una consecuencia de una enmienda transaccional que el tripartito presentó a una proposición no de ley de IU, en la que la coalición de izquierdas se mostraba más exigente, al reclamar un plan de choque de lucha contra el fraude. Mientras Eusko Alkartasuna defendió a ultranza la política seguida por el Departamento de Vivienda del Gobierno, que dirige Patxi Ormazabal (EA), para atajar el fraude, PNV y PSE reconocieron que hay problemas y que es preciso dotar de más instrumentos a la consejería. El caso más habitual de engaño es cuando una persona vende un piso de protección oficial por encima de la tasación legal y sin respetar los plazos de permanencia establecidos. El primer organismo al que tiene que recurrir si desea venderlo es al Gobierno vasco, pero en la mayoría de los casos se dirige al mercado, ofreciéndolo a unos precios muy superiores a cuando lo adquirió con las ayudas del Ejecutivo. De esta manera, obtiene un beneficio que redunda negativamente sobre el resto de los ciudadanos, al producirse una transferencia de renta desde las arcas públicas a patrimonios privados que no precisan de la citada ayuda.