Empresarios y sindicatos piden un trato especial para la Iglesia

Los empresarios y sindicalistas que integran el Consejo Económico y Social (CES) creen que las obligaciones de la Iglesia respecto a su patrimonio histórico-artístico no pueden ser reguladas mediante una ley regional como la que ha elaborado el Gobierno de Alberto Ruiz- Gallardón. Por eso, en sus recomendaciones han señalado que, las condiciones de conservación del patrimonio eclesiástico deberían ser reguladas "mediante acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede".

También han pedido a la Comunidad que establezca en el artículo 6 de la nueva ley la concesión de beneficios fiscales...

Los empresarios y sindicalistas que integran el Consejo Económico y Social (CES) creen que las obligaciones de la Iglesia respecto a su patrimonio histórico-artístico no pueden ser reguladas mediante una ley regional como la que ha elaborado el Gobierno de Alberto Ruiz- Gallardón. Por eso, en sus recomendaciones han señalado que, las condiciones de conservación del patrimonio eclesiástico deberían ser reguladas "mediante acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede".

También han pedido a la Comunidad que establezca en el artículo 6 de la nueva ley la concesión de beneficios fiscales a la Iglesia para la mejora de sus inmuebles protegidos.

El CES apunta en su dictamen que las visitas a los bienes de interés cultural privados, que regula la futura ley regional, son problemáticas: "Se debería tener presente el pleno respeto constitucional al derecho de propiedad, con la limitaciones y compensaciones que conlleva".

Algunos de los reparos que el CES puso al proyecto de ley de patrimonio ya han sido corregidos por la Consejería de Educación y Cultura. Las frases del artículo 42 que el CES consideró un "brindis al sol" y que establecían el compromiso de la Administración pública para evitar mayores costes a los propietarios de bienes protegidos han sido corregidas. Las referencias a determinados artículos de la Ley estatal de Patrimonio "que no existen" según el CES han sido suprimidas.

Los plazos de comunicación entre administraciones sobre hallazgo de restos arqueológicos (diez días) han sido acortados a cinco por indicación del CES.