El Consejo Económico y Social pone 33 reparos a la Ley de Patrimonio
El Consejo Económico y Social (CES), organismo consultivo integrado por sindicatos, empresarios distintos expertos, ha puesto 33 reparos en forma de recomendaciones al proyecto de Ley de Patrimonio Cultural redactado por el Gobierno regional. El CES cree que los legisladores se han excedido en varios aspectos de la futura ley que podrían vulnerar derechos reconocidos en la Constitución, y recomienda que se precisen más las ayudas económicas a la rehabilitación de bienes protegidos.
El proyecto de Ley de Patrimonio, que establece duras sanciones para los que derriben bienes de interés cu...
El Consejo Económico y Social (CES), organismo consultivo integrado por sindicatos, empresarios distintos expertos, ha puesto 33 reparos en forma de recomendaciones al proyecto de Ley de Patrimonio Cultural redactado por el Gobierno regional. El CES cree que los legisladores se han excedido en varios aspectos de la futura ley que podrían vulnerar derechos reconocidos en la Constitución, y recomienda que se precisen más las ayudas económicas a la rehabilitación de bienes protegidos.
El proyecto de Ley de Patrimonio, que establece duras sanciones para los que derriben bienes de interés cultural y establece distintas medidas de apoyo a la rehabilitación de los monumentos madrileños (entre las que destacan los beneficios fiscales), ha empezado a tramitarse en la Asamblea de Madrid.
Todos los grupos parlamentarios tienen ya el informe del CES, en el que se reclama una redacción más precisa sobre la concesión de ayudas públicas para rehabilitación a propietarios de inmuebles protegidos y se critican los plazos excesivos que se ha reservado la Administración para actuar en zonas de valor arqueológico.
Un privado que haga obras y descubra algún resto de valor debe comunicarlo antes de 48 horas a las autoridades. Mientras, la Comunidad se reserva un plazo de 20 días para actuar en esa zona. "Es a todas luces un plazo demasiado amplio", dice el CES. También duda este organismo de la constitucionalidad del artículo 20, que atribuye a la Administración el derecho de tanteo y retracto en la venta de bienes de interés cultural para tener preferencia en la compra sobre, los particulares, lo que, según el CES, "encierra grandes dosis de discrecionalidad y puede llegar a lesionar el principio de igualdad reconocido constitucionalmente".