Los ecologistas piden el indulto
La práctica totalidad del movimiento ecologista español -CODA, Aedenat, Greenpeace, WWF/Adena, Fondo Patrimonio Natural Europeo y SEO/BirdLife- exigió ayer al presidente del Gobierno, José María Aznar, que indulte a los miembros del colectivo Solidarios con ltoiz. Los ecologistas difundieron una valoración de la sentencia como "completamente injusta", al recordar que Itoiz fue declarado ilegal por la Audiencia Nacional, y destacaron que la acción de los condenados "en ningún momento estuvo dirigida contra ninguna persona, sólo contra las obras del embalse", y que sus autores "se entregaron sin...
La práctica totalidad del movimiento ecologista español -CODA, Aedenat, Greenpeace, WWF/Adena, Fondo Patrimonio Natural Europeo y SEO/BirdLife- exigió ayer al presidente del Gobierno, José María Aznar, que indulte a los miembros del colectivo Solidarios con ltoiz. Los ecologistas difundieron una valoración de la sentencia como "completamente injusta", al recordar que Itoiz fue declarado ilegal por la Audiencia Nacional, y destacaron que la acción de los condenados "en ningún momento estuvo dirigida contra ninguna persona, sólo contra las obras del embalse", y que sus autores "se entregaron sin la más mínima resistencia". El movimiento ecologista califica de "larnentable" que la Administración continúe unas obras ilegales "de enorme impacto ambiental y social y de muy dudosa utilidad hidrológica", y añade que sobre Itoiz "planea la sombra de la corrupción", dado que 11 sus principales valedores en el Gobierno de Navarra [el ex presidente Gabriel Urralburu y su consejero Antonio Aragón] están procesados por recibir comisiones por la adjudicación de grandes obras de infraestructuras". De hecho, el abogado que defendió los intereses de las constructoras de Itoiz, Javier Asiain, defiende al ex presidente Urralburu.
Los ecologistas calificaron de "pacífica" la acción de Solidarios y afirmaron que pretendió "parar la obra defendiendo el patrimonio natural de todos los ciudadanos" por motivos "exclusivamente de conciencia".
Hoy las obras, de 418 hectómetros cúbicos de capacidad previstas y promovidas por el Ministerio de Fomento, están ralentizadas al máximo en espera de que los tribunales resuelvan el embrollo al que las ilegalidades en su desarrollo han conducido. Casi un 85% del dique principal, de 132 metros de alto, está ya construido, con un presupuesto de 25.349 millones de pesetas, al que, según respuesta parlamentaria del Ministerio de Presidencia de octubre de 1997, hay que sumar 1.400 millones de revisión de precios y 2.390 millones de "incidencias extraordinarias".