Arzalluz invita a las comunidades vecinas a impugnar el Concierto

"Lo que pueden hacer es impugnar ante el Tribunal Constitucional la legalidad del Concierto". Con el enojo de haber sido objeto de crítica, el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, desafió ayer a las comunidades autónomas vecinas a Euskadi por solicitar la suspensión de los beneficios fiscales vascos a la inversión. Arzalluz presentó ayer un documento de su partido en el que se dice que la sentencia del Supremo que anula una norma foral vizcaína de incentivos fiscales de 1998, "denota, en el mejor de los casos, ignorancia e incompetencia, y en el peor, intencionalidad política dirigida"....

"Lo que pueden hacer es impugnar ante el Tribunal Constitucional la legalidad del Concierto". Con el enojo de haber sido objeto de crítica, el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, desafió ayer a las comunidades autónomas vecinas a Euskadi por solicitar la suspensión de los beneficios fiscales vascos a la inversión. Arzalluz presentó ayer un documento de su partido en el que se dice que la sentencia del Supremo que anula una norma foral vizcaína de incentivos fiscales de 1998, "denota, en el mejor de los casos, ignorancia e incompetencia, y en el peor, intencionalidad política dirigida".

El presidente de los nacionalistas vascos retó a las comunidades autónomas vecinas, en especial a Castilla y León, a solicitar un régimen de concierto.

"Diré que ya me hubiera gustado que hubieran tenido un mínimo de solidaridad en tiempos bien duros. Cuando los empresarios se marchaban por miedo. Se hicieron ofertas masivas a los empresarios desde Logroño, desde Burgos y desde más lejos ofreciéndoles terrenos gratuitos para levantar sus industrias, ayudas de todas partes, ofreciendo ayudas de toda clase y terrenos gratuitos. En un momento en que estábamos ahogados, ésta es la solidaridad que tuvimos. Debían pensar en su propia conducta y ver hasta qué punto aquello fue legal", señaló Arzalluz.

El PNV dice que la sentencia del Supremo "raya en la ligereza jurídica", ya que "en poco más de dos folios determina que la norma foral aludida distorsiona la competencia empresarial" y establece que la presión fiscal efectiva en Vizcaya es inferior a la del resto de España. "No nos cabe en la cabeza el que el Alto tribunal siente tal afirmación sin ningún análisis económico-fiscal comparativo", señala el documento.