El macrosondeo extrajo "por Ibertex e Infovía" los datos de ciudadanos
La Agencia de Protección sospecha que hay accesibles "más listados de Telefónica"
La empresa Bertelsmann Direct -suministradora de los datos personales de millones de ciudadanos a Consodata España, autora del macrosondeo Estudio sobre el consumo de los hogares españoles- afirmó ayer que había obtenido gratis el listado de Telefónica "de forma absolutamente legal, a través de fuentes electrónicas como Ibertex o Infovía [pertenecientes a Telefónica]". "Estamos maliciándonos", dice José Martín Casallo, director de la Agencia de Protección de Datos (APD), "que hay accesibles más listados de Telefónica que los que son públicos". La APD pide una legislación "más precisa".
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La empresa Bertelsmann Direct -suministradora de los datos personales de millones de ciudadanos a Consodata España, autora del macrosondeo Estudio sobre el consumo de los hogares españoles- afirmó ayer que había obtenido gratis el listado de Telefónica "de forma absolutamente legal, a través de fuentes electrónicas como Ibertex o Infovía [pertenecientes a Telefónica]". "Estamos maliciándonos", dice José Martín Casallo, director de la Agencia de Protección de Datos (APD), "que hay accesibles más listados de Telefónica que los que son públicos". La APD pide una legislación "más precisa".
EL PAÍS informó ayer de que Bertelsmann Direct había sacado los datos de Telefónica, y de que esta compañía no tenía "constancia" de que Bertelsmann Direct los hubiese comprado de la base de datos que Telefónica comercializa y en la que aparecen nombres, teléfonos y direcciones de sus abonados."Es cierto: no les hemos comprado ningún dato", dijo ayer a este periódico Luis Miguel Oyaga, director de Bertelsmann Direct. "Los hemos captado de directorios de abonados a los servicios de telecomunicación, es decir de Telefónica". El día anterior Oyaga había dicho que el fichero de Bertelsmann Direct "está registrado en la Agencia de Protección de Datos y se nutre de la única fuente de datos accesible al público, la guía telefónica". Alfonso Pérez, director de Consodata -que encargó el listado a Bertelsmann Direct para un macrosondeo, según sus propias declaraciones, "de ocho millones de envíos"- señaló que el origen de los datos no estaba sólo en la guía, sino en "servicios de abonados de Telefónica".
Ayer Oyaga citó como ejemplo de vías de acceso electrónico para ese tipo de datos a "Ibertex o Infovía", y añadió: "No hemos tenido relación comercial con Telefónica porque esos otros ser vicios son accesibles". Oyaga añade que por estas vías "se accede a muchos otros directorios de colegios profesionales o de diferentes asociaciones".
"Aunque la ley apoye que servicios como la guía telefónica sean accesibles públicamente" dice Martín Casallo, "a la APD le gustaría que la legislación precisara con mayor claridad los límites, para evitar situaciones tan dudosas como la presente". Y añade: "En junio pasado impusimos multas por valor de 110 millones a Telefónica de España SA, y a Telefónica Publicidad e Información, SA, por tratamiento y cesión ilegal de datos personales de sus abonados, tras siete denuncias de ciudadanos que habían recibido propaganda no solicitada".
Fichero en Francia
La APD reveló ayer que el pasado jueves inspeccionó "la pequeña oficina que Consodata tiene en Madrid" y que el fichero de datos de la empresa está en la sede central de Francia. "Hemos pedido colaboración a CENIL, organismo francés equivalente a la APD, aunque ello evidentemente nos retrasa. Además, estamos también investigando a BerteIsmann Direct", dice Martín Casallo. La APD tiene asimismo abierto un expediente sancionador contra VNU Claritas, con sede central en Holanda y autora de la Encuesta nacional de hábitos de consumo.Antes del caso de los macrosondeos, Consodata consultó a la APD si realizar en Marruecos tratamiento informático de datos generados en España supondría "transferencia iiiternacional". La APD les respondió que lo era, puesto que Marruecos no tiene igual nivel de protección de datos que España.
Por otra parte, la Unión de Consumidores de España (UCE) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) indicaron ayer que han rechazado la oferta que la pasada semana les hizo Consodata de promover las publicaciones de consumidores en la revista de esta empresa de encuestas comerciales. "Es una revista de marcas, y nosotros no podemos estar ahí", dicen fuentes de UCE. "Por otra parte, hemos pedido a la APD que nos informe de si en este tipo de macrosondeos hay irregularidades o si los bancos de datos de esas firmas están registrados en la APD. A partir de la respuesta que nos llegue, informaremos a los ciudadanos". OCU también ha solicitado la misma información a la APD y al Instituto de Consumo. "No queremos que ahora Consodata nos utilice, como si estuviésemos en los mismos proyectos y actividades que ellos", dicen fuentes de OCU.
Quien calla, consiente
La Ley Orgánica de Tratamiento Automamizado de Datos (LORTAD) es clave en estos asuntos. He aquí fragmentos de algunos artículos:6. Consentimiento del afectado. 1. El tratamiento automatizado de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento del afectado ( ... ).
26. Datos sobre abonados a servicios de telecomunicación.
Los números de los teléfonos y demás servicios de telecomunicación ( ... ), con otros datos complementarios, podrán figurar en los repertorios de abonados de acceso al público, pero el afectado podrá exigir su exclusión.
27. Prestación de servicios de tratamiento automarizado de da tos de carácter personal. 1. Quienes, por cuenta de terceros, presten servicios de tratamiento automatizado de datos de carácter personal no podrán aplicar o uti lizar los obtenidos con fin distinto al( ... ) contrato de servicios, ni cederlos, ni siquiera para su conservación ( ... ). 2. Una vez cum plida la prestación contractual, los datos de carácter personal tratados deberán ser destruidos, salvo ( ... ) autorización expresa de aquél por cuenta de quien se prestan tales servicios, porque razonablemente se presuma la posibilidad de ulteriores encargos, en cuyo caso se podrán almacenar con las debidas condiciones de seguridad por un periodo de cinco años".