La ruptura fiscal
La reforma que lideró Fernández Ordóñez hace ahora 20 años rompió con el pasado al considerar el pago, de impuestos como un valor ético y un ejercicio de solidaridad y democracia
"Esta reforma nos llega tardíamente, con el sabor de los frutos largamente madurados. Quizá por ello es ya el patrimonio consolidado durante muchos años de unos ideales de justicia que se han hecho irreversibles. Vivimos tiempos difíciles donde son necesarias más que nunca las grandes pruebas solidarias. Creo que, modestamente, esta ley es una de ellas. Ojalá, una vez más, podamos decir que allí donde alienta el peligro, también crece la esperanza".Cuando Francisco Fernández Ordóñez pronunció estas palabras ante el pleno del Congreso en el año 1977, el país acababa de estrenar la democraci...
"Esta reforma nos llega tardíamente, con el sabor de los frutos largamente madurados. Quizá por ello es ya el patrimonio consolidado durante muchos años de unos ideales de justicia que se han hecho irreversibles. Vivimos tiempos difíciles donde son necesarias más que nunca las grandes pruebas solidarias. Creo que, modestamente, esta ley es una de ellas. Ojalá, una vez más, podamos decir que allí donde alienta el peligro, también crece la esperanza".Cuando Francisco Fernández Ordóñez pronunció estas palabras ante el pleno del Congreso en el año 1977, el país acababa de estrenar la democracia. Recordadas 20 años después, revelan sobre todo su enorme trascendencia. Aquello que se llamó reforma fiscal, fue en realidad una ruptura drástica. Lo que nació como un proyecto ético y solidario, ha dado sus frutos aunque con menos ilusión y más mano dura.
Pero lo que sucede hoy "es otra historia", como dice Jaime García Añoveros, que en aquellas fechas era diputado de UCD y presidió la Comisión de Economía del Congreso donde se terminó de cocinar la reforma. De ella formaban parte el ya fallecido Baldomero Lozano (PSOE), Ramón Trías (Minoría Catalana) y Ramón Tamames (PCE).
El equipo de Fernández Ordóñez en el Ministerio de Hacienda del primer Gobierno de la Unión de Centro Democrático en el que estaban Dionisio Martínez y José Víctor Sevilla tuvo el acierto de resumir su proyecto con un lema que todavía hoy ocupa un lugar destacado en la memoria colectiva. Aquello de que Hacienda somos todos ha sobrevivido a toda una generación de contribuyentes y a varios gobiernos. Nada mejor se ha inventado desde entonces. Los resultados están resumidos en el libro de Enrique Fuentes Quintana, entonces vicepresidente económico, Las reformas tributarias en España (Editorial Crítica, 1990). "La reforma tributaria ha logrado algunos resultados que se pretendían al diseñarla y pactarla con los distintos partidos con representación parlamentaria: ha aumentado la capacidad recaudatoria de la imposición directa sobre la renta y el patrimonio, repartiendo con más equidad la carga fiscal".
Recaudación en alza
Visto desde hoy, las cifras pueden parecer insignificantes, pero en su momento se presentaron como "resultados espectaculares". EL PMS publicaba, el 5 de septiembre de 1978, la noticia de que casi dos millones de españoles realizaron su declaración de renta el pasado mes de julio. La recaudación total de los impuestos de renta y patrimonio alcanzó la cifra de casi 26.000 millones de pesetas, un 45% más que el año anterior. En la actualidad, estos dos impuestos son declarados por 14 millones de contribuyentes que ingresan en Hacienda algo más de cinco billones.Ahora se cumplen 20 años desde que el 25 de octubre de 1977 él pleno del Congreso aprobara lo que se denominó Ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, con la abstención a algunos artículos de los diputados de la Alianza Popular de Manuel Fraga por un problema de procedimiento, y un voto particular del PSOE que quería aplicar el nuevo impuesto del patrimonio no sólo a las personas físicas, sino también a las jurídicas (sociedades).
En efecto, aquella reforma estableció por primera vez un impuesto sobre el patrimonio, que llegaba al 2% para posesiones superiores a los 2.500 millones de pesetas. Se creó un impuesto excepcional y transitorio, sobre las rentas del trabajo que excedieran de 750.000 pesetas anuales y que llegaba al 8% para las que superasen los cinco millones de pesetas. El 10% se aplicaba, cualquiera que fuese la cuantía de la renta, a los presidentes y vocales de los consejos.
Además, se subió el impuesto de lujo y se dieron ayudas a la creación de empleo -el paro alcanzaba entonces a 700.000 personas-, de un 20% del salario correspondiente a cada nuevo puesto de trabajo creado. Se reguló el delito fiscal para fraudes superiores a dos millones de pesetas, con una multa de seis veces la cantidad adeudada, con arresto mayor sí la suma se situaba entre 5 y 10 millones y con prisión menor para importes superiores.
Todo ello se acompañó con el levantamiento del secreto bancario. Se estableció que los bancos y las cajas de ahorro quedaban sometidos al deber de colaboración con la Hacíenda pública y se concretó que las entidades financieras debían comunicar al fisco los números de las cuentas activas y pasivas de sus clientes.
Amnistía fiscal
La guinda de esta revolución fue la amnistía fiscal que se otorgó para las cantidades no declaradas en el impuesto sobre la renta correspondiente a 1976; es decir, un ano antes de que se aprobara la reforma. Después se filtró que el Ministerio de Hacienda había renunciado a revisar las declaraciones anteriores a ese ejercicio. El resultado fue que 175.000 familias regularizaron su situación con Hacienda, 20.000 más que quienes presentaron declaración positiva en ese ejercicio.El nuevo impuesto sobre la renta completo y sintético -eliminó el impuesto sobre las rentas del capital y el proporcional sobre las rentas del trabajo, entre otros- tuvo que esperar al 8 de septiembre de 1978 para ver la, luz. Era un impuesto único que no diferenciaba entre declaración individual y conjunta, como ahora. Se fijó en el 65,51% el tipo máximo para cantidades superiores a 9,8 míllones de pesetas. Como curiosidad, se sustituyó la anterior deducción "por esposa" por otra "en razón de matrimonio" que se cifró en 8.500 pesetas.
Esta revolución fiscal también contó con detractores. El catedrático Agustín García Calvo escribía en EL PAÍS el 20 de junio de 1978: "Miren por ejemplo, el Ministerio de Hacienda: les exhorta a los contribuyentes a que le digan la verdad, a que hagan su declaración y se queden con la conciencia limpia. ( ... ) Me recuerda el caso la emoción con que uno de los comisarios que a lo largo de los años sesenta me prestaron directamente sus servicios me explicaba lo que le gustaba a él una declaración sincera".