La dureza penal se rebajará aún más en el trámite parlamentario
Las medidas antiterroristas consistentes en el endurecimiento de las penas y en la creación de nuevos delitos terroristas se suavizarán aún más durante el debate parlamentario, según fuentes de la oposición. Parece abandonada. la propuesta del PP de adelantar la mayoría de edad penal de 18 a 16 años para los jóvenes que Incurran en conductas terroristas, mientras que el máximo consenso lo registra la celebración de juicios rápidos.Entre las reformas del Código Penal más discutibles se encuentra el castigo con pena de hasta tres años de cárcel para las contramanifestaciones, si bien el propio t...
Las medidas antiterroristas consistentes en el endurecimiento de las penas y en la creación de nuevos delitos terroristas se suavizarán aún más durante el debate parlamentario, según fuentes de la oposición. Parece abandonada. la propuesta del PP de adelantar la mayoría de edad penal de 18 a 16 años para los jóvenes que Incurran en conductas terroristas, mientras que el máximo consenso lo registra la celebración de juicios rápidos.Entre las reformas del Código Penal más discutibles se encuentra el castigo con pena de hasta tres años de cárcel para las contramanifestaciones, si bien el propio texto propuesto permite, alternativas menos duras al juez, que le permitirán, incluso en los supuestos más graves, imponer penas de multa.
La propuesta consiste en que "los que impidieron el legítimo ejercicio de las libertades de reunión o manifestación, o perturbaren gravemente el desarrollo de una reunión o manifestación lícita serán castigados con "prisión de dos a tres años o multa de 12 a 24 meses [hasta 36 millones de pesetas para contramanifestantes muy pudientes] "si los hechos se realizaren con violencia" y con la de arresto, de siete a 24 fines de semana o multa de seis a 12 meses [hasta un máximo de 18 millones para contramanifestantes ricos] "si se cometieron mediante cualquier otro procedimiento ilegítimo".
En cambio, se propone castigar con penas de seis meses a un año de cárcel y multa de seis a 12 meses [hasta 18 millones de pesetas] a los promotores de manifestaciones ilegales. Aunque en este caso no existe alternativa a la pena de prisión, sera difícil probar que los autores pretenden "subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública".
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