Destituido el cónsul español en Agadir que criticó el apresamiento de pesqueros
El cónsul español en Agadir, Juan Fernández Trigo, dejará su cargo la próxima semana a petición de las autoridades marroquíes, molestas por las críticas formuladas por el diplomático en un artículo publicado en EL PAÍS sobre el apresamiento arbitrario de pesqueros españoles en aguas marroquíes. El embajador en Rabat, Jorge Dezcallar, recibió la queja de las autoridades marroquíes que exigieron la retirada inmediata del cónsul de Agadir. La prensa marroquí se ha hecho eco del, incidente diplomático que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha pretendido mantener en silencio. Fuentes de Exteriores...
El cónsul español en Agadir, Juan Fernández Trigo, dejará su cargo la próxima semana a petición de las autoridades marroquíes, molestas por las críticas formuladas por el diplomático en un artículo publicado en EL PAÍS sobre el apresamiento arbitrario de pesqueros españoles en aguas marroquíes. El embajador en Rabat, Jorge Dezcallar, recibió la queja de las autoridades marroquíes que exigieron la retirada inmediata del cónsul de Agadir. La prensa marroquí se ha hecho eco del, incidente diplomático que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha pretendido mantener en silencio. Fuentes de Exteriores justificaron la salida de Agadir con el argumento de que es insostenible mantener a un cónsul que no cuenta con el respaldo de las autoridades del país en el que cumple su misión.Fernández Trigo criticó el pasado 23 de julio, en declaraciones y en un artículo publicado en EL PAÍS, la situación de inseguridad jurídica que viven los barcos españoles en los caladeros marroquíes, que llegó a calificar de "insostenible". Desde comienzos de enero de 1995, y hasta el pasado 23 de julio, se habían producido 17 apresamientos, según los datos del consulado español en Agadir. Los pesqueros españoles faenan en Marruecos en el marco del acuerdo de pesca suscrito por la Unión Europea y Marruecos en 1995.
Irregularidades
"No parece desatinado sostener que nuestros barcos merecen un tratamiento más acorde con la nueva situación", escribía el cónsul. "Demasiados apresamientos en viernes, con la amenaza de tener retenido el barco durante el fin de semana y las consiguientes pérdidas para el armador si no paga sin rechistar; demasiados casos en que los indignados patrones aseguran estar en posiciones alejadísimas, cuando no amarrados en algún puerto canario, en el momento en que se hallaban en zona prohibida".
Un portavoz de la Oficina de Información Diplomática (OID) reconoció ayer que había existido la queja del Ministerio de Exteriores marroquí por el artículo, admitió que el cónsul dejará Agadir el próximo 30 de septiembre y señaló que ha solicitado un nuevo destino en el exterior. EL PAÍS intentó recabar ayer, sin encontrar respuesta, la opinión del todavía cónsul en Agadir.
Juan Fernández Trigo escribió el artículo en la estela de un apresamiento -el del barco Albor I, capturado el pasado 21 de julio acusado de pescar en zona prohibida- Era el séptimo apresamiento en lo que iba de año. Fernández Trigo denunció, además, que las autoridades marroquíes no comunicaban "nunca" los apresamientos a la Comisión Europea, como era su obligación hacerlo en las 48 horas posteriores a la captura. También consideraba que el sistema de control de los barcos que utilizan las autoridades de Marruecos no está homologado y no ofrece garantías técnicas.
"El Gobierno de Marruecos debería ser el primer interesado en establecer sistemas que refuercen, no sólo la posición de sus autoridades militares en cada uno de los contenciosos, sino también sus legítimos intereses conservacionistas en el caladero. Seguir utilizando procedimientos más que discutibles aviva la maledicencia y la murmuración, dando alas a quienes sostienen que las autoridades actúan al dictado de los armadores marroquíes", afirmaba el cónsul en su artículo.
Las críticas del cónsul no sólo se centraban en el comportamiento de las autoridades marroquíes, sino también en la Comisión Europea. El acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos expira en 1999, y Marruecos ha señalado en repetidas ocasiones que no tiene intención de renovarlo. El último acuerdo obligó a una reconversión de la flota pesquera española al reducirse el número de licencias y estableció un paro biológico que ha reducido a dos tercios del año el tiempo destinado a faenar.