Aguirre presiona para impedir que se firme un manifiesto en defensa de la reforma educativa

El manifiesto en defensa de la reforma educativa, cuya firma está prevista para hoy, ha disparado todas las alarmas en el Ministerio de Educación, que dirige Esperanza Aguirre. El documento, auspiciado por la Fundación Encuentro, cuenta con el respaldo de una quincena de organizaciones de padres, sindicatos y patronales. Ante la inminencia de la firma, Aguirre ha puesto en marcha una doble estrategia: mientras en público proclama la necesidad de un pacto y saluda la iniciativa como si fuera propia, en privado presiona a varias organizaciones para bloquear el acuerdo y transmite a la Conferenci...

El manifiesto en defensa de la reforma educativa, cuya firma está prevista para hoy, ha disparado todas las alarmas en el Ministerio de Educación, que dirige Esperanza Aguirre. El documento, auspiciado por la Fundación Encuentro, cuenta con el respaldo de una quincena de organizaciones de padres, sindicatos y patronales. Ante la inminencia de la firma, Aguirre ha puesto en marcha una doble estrategia: mientras en público proclama la necesidad de un pacto y saluda la iniciativa como si fuera propia, en privado presiona a varias organizaciones para bloquear el acuerdo y transmite a la Conferencia Episcopal su enorme malestar por lo que considera una declaración de guerra de los firmantes.

El ministerio y la jerarquía católica han concentrado su artillería pesada para impedir que el documento salga adelante en las dos organizaciones católicas que han participado en la negociación, la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE, titular de un 80% de la enseñanza concertada) y la asociación de padres católicos CONCAPA. Ayer a última hora, la FERE, firme partidaria del manifiesto, aún no había tomado una decisión definitiva sobre la firma.La declaración es una iniciativa sin precedentes en Europa, según sus promotores, y en sus seis folios se pide a los partidos políticos que aprueben un plan de financiación de cinco años para elevar el gasto educativo hasta el 6% del producto interior bruto, lo que supondría una inyección superior a los 600.000 millones para garantizar una enseñanza de calidad en los centros públicos y privados concertados.

La gestación del documento ha durado un año, bajo el auspicio del presidente de la Fundación Encuentro, José María Martín Patino. La redacción de los sucesivos borradores ha estado a cargo del ex secretario de Estado de Educación, Álvaro Marchesi. El texto constituye un verdadero encaje de bolillos, ya que reúne posiciones defendidas por sindicatos como Comisiones Obreras, UGT, ANPE, CSIF, USO y FSIE, además de la FERE y la Unión de Cooperativas; las asociaciones de padres CEAPA (laica) y CONCAPA (católica), y el sindicato estudiantil CANAE. Aún no han tomado una decisión los Movimientos de Renovación Pedagógica y el sindicato profesional STES.

Diversos puntos de vista

Las organizaciones reconocen que no comparten los mismos puntos de vista sobre la educación, pero dejan claro que respaldan "las líneas básicas de la reforma". Aguirre siempre ha mostrado su aversión por la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), la reforma que en 1990 pusieron en marcha los socialistas, a los cuales acusó recientemente de condenar a la ignorancia a toda una generación de españoles.

El temor de Aguirre a que un acuerdo de la comunidad educativa en defensa de la reforma, la deje políticamente en evidencia, desencadenó la semana pasada un torbellino de reuniones y llamadas, que ayer continuaban. Además de la ministra, han participado en estas gestiones el secretario general de Educación, Eugenio Nasarre; el subsecretario, Ignacio González; el presidente del Consejo Escolar del Estado, Juan Piñeiro, y el portavoz de Educación del PP, Juan Carlos Guerra Zunzunegui.

La ministra citó el pasado miércoles a los representantes de la FERE y la CONCAPA, que durante más de una hora tuvieron que escuchar acusaciones como la de participar en una maniobra urdida por el PSOE para atacar al Gobierno.

Conferencia Episcopal

Como el aluvión de reproches no fue suficiente para que los convocados desistieran, el siguiente paso fue transmitir el malestar a la Conferencia Episcopal, cuyo comité ejecutivo (Elías Yanes, José Sánchez, Fernando Sebastián, Ricard María Carles, José Delicado y Francisco Álvarez) se reunió el fin de semana en Madrid para estudiar el documento. Las conclusiones, muy críticas con el texto, han sido severamente transmitidas a las dos organizaciones católicas.

Posteriormente, las presiones sobre las organizaciones claves del manifiesto, FERE y Comisiones Obreras, se han intensificado con el fin de descabalgarlas, lo que supondría el Fin de la iniciativa, en la que también participa a título personal el viceconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Raúl Vázquez.

En el documento se afirma que "la enseñanza pública, que tiene la responsabilidad básica de universalizar la instrucción educativa, necesita que las administraciones educativas le otorguen una atención especial", por lo que deberá aumentarse el esfuerzo presupuestario.

Ello permitiría completar la red de institutos, desarrollar la formación profesional, ampliar la plantilla de profesores y personal de servicios, dotar a los centros de servicios de orientación, asegurar el servicio de, transporte y de comedores escolares, ampliar la oferta gratuita de educación infantil de tres a seis años y reforzar los programas de garantía social, así como aplicar un nuevo sistema de incentivos a los profesores.

Pero "la potenciación de la enseñanza pública" debe armonizarse, según el texto, con "el derecho de la enseñanza privada a recibir fondos públicos a través del concierto educativo, de acuerdo con las necesidades objetivas de escolarización". En un reconocimiento de la enseñanza concertada como parte del servicio público, el texto sostiene "el carácter básico de la educación como servicio público y de interés social, que integra tanto a la enseñanza pública como a la enseñanza concertada, con su actual equilibrio en el respeto a los principios constitucionales".