Galindo ingresa en la prisión militar de Alcalá por negarse a pagar una fianza de 25 millones

El general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo reingresó ayer en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid) después de que se negase a constituir la fianza de 25 millones de pesetas que le impuso el pasado viernes el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño. Galindo, procesado como supuesto inductor del secuestro, las torturas y el asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, permanecerá en la cárcel, pues ha anunciado que no recurrirá. Su abogado, Jorge Argote, culpó al "Gobierno del Partido Popular" de su encarcelamiento y precisó q...

El general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo reingresó ayer en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid) después de que se negase a constituir la fianza de 25 millones de pesetas que le impuso el pasado viernes el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño. Galindo, procesado como supuesto inductor del secuestro, las torturas y el asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, permanecerá en la cárcel, pues ha anunciado que no recurrirá. Su abogado, Jorge Argote, culpó al "Gobierno del Partido Popular" de su encarcelamiento y precisó que presentará una protesta -no un recurso, pues Galindo lo ha prohibido- por entender que el auto del magistrado es ilegal debido a que ni el fiscal ni las acusaciones pidieron la prisión y se decretaba su "libertad provisional con fianza de 25 millones".

Enrique Rodríguez Galindo ya había estado en la prisión militar de Alcalá de Henares durante 72 días, entre el 22. de mayo y el 2 de agosto de 1996, y la Audiencia Nacional ordenó su puesta en libertad por considerar que no había peligro de que se fugase. Sin embargo, desde aquella fecha se han producido varias novedades resaltadas por el fiscal para pedir la modificación de la situación del general de la Guardia Civil.La más importante, las declaraciones de su subordinado Felipe Bayo, que ha decidido recientemente colaborar con la Justicia como, pero también como testigo directo, y que ha implicado a Galindo en el mantenimiento del secuestro de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala y la no justificación del destino que se les dio.

Además, el Gobierno desclasificó los papeles del Cesid, en los que figuraba la nota de despacho en la que se anunciaba el inicio de acciones en el sur de Francia por parte de guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián), del que Galindo era por entonces, 1983, responsable del servicio de Información.

Galindo ha pasado en el proceso de ser garante de unos guardias civiles a ser dominador de la acción. Es decir, no sólo habría sabido lo ocurrido y tenido obligación de evitarlo, sino que además habría dirigido los interrogatorios de los etarras en el palacio de La Cumbre. Según el fiscal, los delitos de los que se le acusa suponen una pena de 18 años de cárcel, según el nuevo Código Penal. Por ello solicitó la fianza de 25 millones y la comparecencia del acusado cada tres días. Y el juez así lo acordó.

El general llegó ayer a la Audiencia y entregó a Gómez de Liaño un escrito en el que expresa: "Es mi deseo manifestar a Su Señoría llustrísima, en coherencia con lo que siento por la situación procesal de privación de libertad de mis hombres, situación que deseo compartir, no hacer efectiva la fianza que me ha sido impuesta, ni permitir que mis abogados la depositen".

El escrito añade: "Deseo que esta manifestación que realizo con todo el respeto que siento por la Justicia no se interprete como un gesto arrogante, sino como una manifestación de la lealtad y solidaridad con mis subordinados; a la vez que le expreso la firme seguridad de que en todo momento estaré a disposición de la Justicia".

Al imponer la fianza de 25 millones, Gómez de Liaño señalaba que "por no ser, no es ni excesiva", y razonaba que con la medida "ni se rebasa la frontera de lo constitucional, ni se busca ejemplaridad, ni se imponen penas por anticipado, ni se pretende debilitar el derecho del procesado a guardar silencio. Y, por supuesto, tampoco se pretende estimular gestos heróicos o solidaridades virtuosas".

El juez dictó otra resolución por la que ordenaba el ingreso en la prisión militar de Galindo al no haber constituido la fianza.

Galindo tuvo que esperar a que acudiera al juzgado el general Muñoz, también de la Guardia Civil, para que le condujera a prisión, pues los reglamentos establecen que debe hacerlo alguien del mismo o superior rango. En el mismo centro se encuentra recluido el cabo Felipe Bayo, cuyo testimonio ha sido clave para que Galindo haya vuelto a la cárcel.

El abogado Jorge Argote acusó al PP de "haber metido a Galindo en la cárcel" porque, según dijo, la petición la ha hecho el fiscal de la Audiencia Nacional, que depende jerárquicamente del fiscal general y éste, a su vez, del Ejecutivo.

Ángeles López, que ejerce la acción popular, afirmó que Galindo quiere provocar un enfrentamiento con el juez y crear un clima a su favor en la opinión pública.