Tres interventores acaparan la gestión del 70% de las suspensiones de pagos
El juez decano de Madrid, Fernando Fernández, quiere acabar con el sustancioso y millonario negocio del que se benefician desde hace años unos cuantos interventores judiciales (profesionales del derecho o la economía que se encargan de gestionar empresas en situación de quiebra o suspensión de pagos con el objetivo de reflotarlas o hacer frente a sus acreedores), según él mismo ha denunciado a EL PAÍS. Fernández dispone de datos que revelan que "tres interventores" acaparan en la actualidad un 70% de las decenas de quiebras y suspensiones de empresas que se registran en los juzgados madrileños...
El juez decano de Madrid, Fernando Fernández, quiere acabar con el sustancioso y millonario negocio del que se benefician desde hace años unos cuantos interventores judiciales (profesionales del derecho o la economía que se encargan de gestionar empresas en situación de quiebra o suspensión de pagos con el objetivo de reflotarlas o hacer frente a sus acreedores), según él mismo ha denunciado a EL PAÍS. Fernández dispone de datos que revelan que "tres interventores" acaparan en la actualidad un 70% de las decenas de quiebras y suspensiones de empresas que se registran en los juzgados madrileños."Hay un monopolio muy preocupante", asegura el juez decano de Madrid. Las quiebras y suspensiones son asuntos judiciales en los que se mueven decenas de miles de millones de pesetas y, en algunos casos, el futuro laboral de cientos o miles de trabajadores. La gestión de los interventores se remunera con gran generosidad (paga la empresa afectada).
Fernández avanza que en una próxima reunión de la Junta de Jueces de Madrid propondrá a sus compañeros -que son los que designan a los interventores- la elaboración de un listado de profesionales a los que acudir para designarles como interventores. Ese listado, según la propuesta no vinculante de Fernández, se confeccionaría entre el decanato y el Colegio de Censores Jurados de Cuentas. La lista estaría abierta a todos los profesionales que reúnan los requisitos, y serían nombrados de forma correlativa. "Se trata de democratizar la designación de los interventores y acabar con el actual monopolio", explica esperanzado Fernández.
Ya en 1992, el entonces juez decano de Madrid, Antonio García Paredes, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Clemente Auger, abrieron una investigación para aclarar por qué la mayoría de las quiebras y suspensiones recaía siempre en un minúsculo grupo de personas. La investigación, que fue remitida a la Fiscalía, se cerró tras no apreciarse ningún hecho delictivo. La situación se mantiene cinco años después. El actual decano rehúsa facilitar los nombres de los interventores que acaparan hoy la mayoría de estos expedientes.
El juez decano no entiende como un interventor puede gestionar 50 quiebras al mismo tiempo
"No están cometiendo ninguna ilegalidad y, además, son nombrados porque los jueces, que legalmente pueden nombrar al interventor que quieran, les consideran buenos profesionales y confían en ellos para este tipo de expendientes", aclara el decano. A continuación, se sorprende ante la situación actual: "¿Cómo es posible que alguien pueda gestionar a la vez 50 quiebras o suspensiones de pagos de empresas que, además, son de distintas ramas comerciales", se pregunta el decano. "Sólo un 10% de las empresas sometidas a este tipo de expedientes logra reflotarse. Algo falla", advierte.Fuentes judiciales aseguran a EL PAÍS que algunos de los que hoy acaparan estos expedientes son los mismos de entonces, y que se trata de Joaquín Lluch Rovira y Miguel Guijarro. Según estas fuentes, también están presentes en buena parte de las quiebras y suspensiones Alberto Grande García y Carmina Soler.
La investigación emprendida entonces desveló que, sólo entre 1990 y mayo de 1992, Guijarro había intervenido en 64 asuntos, con un pasivo empresarial cercano a los 80.000 millones de pesetas. Lluch Rovira tramitó en esa misma fecha 72 asuntos, con un pasivo de 73.000 millones (ver EL PAÍS del 17 de diciembre de 1992).
En 1996 llegaron a los juzgados civiles de la plaza de Castilla 118 expendientes por quiebra de empresas y otras 99 suspensiones de pagos. Y en lo que va de año se han registrado otros 100 expedientes de este tipo. La decisión del decano de intentar "democratizar" las designaciones de los interventores se produce tras una denuncia de la Agencia Tributaría. Un alto cargo de Hacienda le ha expuesto recientemente la necesidad de buscar una solución a este monopolio. Se queja Hacienda de que casi nunca recibe dinero de estos procedimientos, a pesar de hallarse entre los principales acreedores de las empresas que quiebran o suspenden pagos. Cuando una empresa va mal y las deudas se convierten en insoportables, la ley establece la posibilidad de decretar su quiebra (se liquida su patrimonio y el dinero se reparte entre los acreedores) o bien, si cumple los requisitos, de que se someta a un expediente de suspensión de pagos (se fija un plazo de tiempo durante el cual se estudia su viabilidad sin que la industria se vea sometida a las presiones de los acreedores). El responsable y supervisor de todas esas operaciones es el juez. Y es éste quien debe elegir al censor. Los honorarios de estos profesionales, las dietas, no están regladas. Son los interventores quienes lo negocian con la empresas en dificultades.
Antes de acceder al decanato, Fernández fue titular del Juzgado 18 de Primera Instancia de Madrid. Asegura que lo habitual es que los interventores, una vez elegidos, lleguen a un acuerdo económico con los dueños de las empresas afectadas. "Yo personalmente solía fijar los salarios de forma oficial, por escrito, alrededor de 300.000 pesetas al mes, pero lo habitual es que el juez no entre en el aspecto económico". El empresario, por lo demás, difícilmente pone pegas al salario que se autoimpone el censor. Es consciente de que durante el tiempo que dure la suspensión de pagos o la quiebra, el auténtico dueño de la empresa no es otro que el propio interventor.
Exceso de trabajo
Afirma el decano que el exceso de trabajo que ya de por sí existe en los juzgados impide a los magistrados controlar con exhaustividad las operaciones que efectúan los interventores. Si una empresa quiebra porque, por ejemplo, adeuda 5.000 millones y su patrimonio es de 2.000, la misión del comisario o interventor es vender ese patrimonio al mayor precio posible y repartir los ingresos entre los acreedores, en proporción a la deuda. La posibilidad de llegar a acuerdos, a espaldas del juez, en beneficio de unos acreedores y en detrimento de otros, no se puede descartar. "Al juez le pueden decir que ese patrimonio se ha vendido por 1.500 millones y, a lo mejor, resulta que el precio real ha sido de 2.000 millones", explica el decano.
A Fernández le llama la atención que "la mayoría de los comisarios o interventores" jamás reclamen por la vía judicial "las dietas y remuneraciones" que les corresponden por su trabajo. Aunque lo común es que haya un acuerdo entre empresario e interventor, los hay también que se someten a tarifas preestablecidas: las minutas oscilan entre las 250.000 pesetas para suspensiones de hasta 50 millones de pesetas y los tres millones de honorarios por suspensiones de 5.000 millones. Pero esa es la teoría. En la práctica, según fuentes judiciales, algunos han cobrado más de 50 millones por expendientes con un pasivo de 5.000 millones.
Un asunto relacionado con este tipo de expendientes que ha levantado preocupación, según el decano, es cómo y quién autorizó que un avión de la compañía Oasis Internacional Aerlines (inmersa hoy en un proceso de quiebra) despegase de Madrid con destino a EE UU, donde se halla aún y sin visos de que vuelva. "Ese avión vale muchos millones, dinero que, teóricamente, debe repartirse entre los acreedores de la compañía, pero de momento, está en Nueva York".
Esabe Express, Mantequerías Leonesas y Consorcio de Restaurantes La Dorada son sólo algunos ejemplos de grandes empresas implicadas en la actualidad en procesos de quiebra o suspensión de pagos.