En España, la decisión es de los jueces
En España no se dan las esterilizaciones masivas ni obligatorias. Sólo existe amparo legal en el caso de los deficientes. No hay cifras oficiales. Pero en 1989, un estudio de la Federación de Asociaciones de Padres de Disminuidos Físicos estimó que el número de casos -una vez legalizada la esterilización en deficientes por el Tribunal Constitucional- podría alcanzar los 60.000. Desde que el alto tribunal decidiera, el 20 de julio de 1994, que esta práctica (amparada en el articulo 428 del Código Penal de 1989) no era contraria a la Carta Magna, no se ha producido la temida avalancha. Todos los...
En España no se dan las esterilizaciones masivas ni obligatorias. Sólo existe amparo legal en el caso de los deficientes. No hay cifras oficiales. Pero en 1989, un estudio de la Federación de Asociaciones de Padres de Disminuidos Físicos estimó que el número de casos -una vez legalizada la esterilización en deficientes por el Tribunal Constitucional- podría alcanzar los 60.000. Desde que el alto tribunal decidiera, el 20 de julio de 1994, que esta práctica (amparada en el articulo 428 del Código Penal de 1989) no era contraria a la Carta Magna, no se ha producido la temida avalancha. Todos los casos se tratan individualmente y la decisión depende del juez."Los magistrados suelen tardar un mes", según un portavoz de la clínica Dator, especializada en interrupción de embarazos y en ligaduras de trompas. Pero el asunto no es sencillo. Los padres reclaman su derecho a decidir sin trabas legales. Algunos orillan la obligación de acudir a un juez y envían a sus hijos a centros privados. Una operación en una de estas clínicas puede costar 150.000 pesetas.
En la misma sentencia del Constitucional, que se adoptó por mayoría, hay discrepancias importantes. Rafael de Mendizábal, uno de los cuatro miembros (sobre 12 del total) que votaron en contra, basó su posición en el rechazo a las "soluciones cuya vestidura racional se corta y confecciona con aparente cientifismo". La sentencia dice que la esterilización busca "el interés del incapaz" para favorecer "sus condiciones de vida y bienestar".
La opinión de la persona
El doctor Juan Pérez Marín, miembro de la junta directiva de la Confederación Española de Federaciones y Asociaciones Pro Deficientes Mentales (que agrupa al 95% de los familiares afectados), se queja de que en la ley no está suficientemente recogido el derecho del deficiente a expresar su opinión. "Siempre se les puede preguntar, pero hay que saber cómo hacerlo". Los asistentes que les tratan suelen ser contrarios, en la mayoría de los casos, a esta práctica, pero en esa posición se enfrentan a los padres que estiman que la alternativa de un aborto no es mucho mejor.
Feliciana Ortega tiene una hija deficiente. Es una de los casi 700.000 disminuidos físicos que hay en España. Andrea tiene 23 años y no sabe lo que significa hacer el amor. Está en lista de espera para ser operada. Un día, en un programa de radio, le preguntaron a su madre si no le sonaba muy fuerte la palabra esterilización. Feliciana contestó: "No es tan fuerte cuando te dicen que tu hija es deficiente". Otros padres de Valencia, al defender su derecho a esterilizar a su hija, dijeron al juez: "Sé que voy a dejar un problema, por eso no quiero dejar dos".