Delincuencia

"ESTO ES delincuencia y como tal debe ser castigada", ha dicho Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario general de la ONU y derrotado rival de Alberto Fujimori en las elecciones presidenciales en Perú en 1995. Se refería con indignación al hecho, ya probado, de que conversaciones privadas suyas y de su familia, fueron intervenidas durante muchos meses previos a los comicios para sabotear su estrategia electoral. Pocos dudan, tanto en Perú como fuera de allí, que el máximo responsable de estos hechos es el rival de Cuéllar y a la postre victorioso Fujimori.La frase de Pérez de Cuéllar empieza a s...

"ESTO ES delincuencia y como tal debe ser castigada", ha dicho Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario general de la ONU y derrotado rival de Alberto Fujimori en las elecciones presidenciales en Perú en 1995. Se refería con indignación al hecho, ya probado, de que conversaciones privadas suyas y de su familia, fueron intervenidas durante muchos meses previos a los comicios para sabotear su estrategia electoral. Pocos dudan, tanto en Perú como fuera de allí, que el máximo responsable de estos hechos es el rival de Cuéllar y a la postre victorioso Fujimori.La frase de Pérez de Cuéllar empieza a ser extendible a toda la conducta de este presidente que se creyó en su día el salvador de Perú y es, en realidad, el mascarón de proa de la degeneración política y moral de las fuerzas antidemocráticas en aquella sociedad en crisis endémica. Todo el mundo pudo comprobar hace unos meses la catadura moral de Fujimori cuando se dedicó a posar para las cámaras entre los cadáveres de los secuestradores del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) abatidos por el Ejército durante la liberación de los rehenes en la Embajada de Japón en Lima.

Entonces la opinión pública peruana estaba entusiasmada por el éxito de la operación militar contra los terroristas del MRTA y poco o nada dispuesta a plantearse ciertas cuestiones que podían poner en duda no ya la operación en sí, sino ni tan siquiera los métodos empleados y los objetivos impuestos por el presidente. Pocos dudan que la orden de no hacer prisioneros, que indujo a la ejecución a sangre fría de varios de los secuestradores, partió también en este caso del presidente.

Fujimori ha dado ya demasiadas muestras de su falta total de escrúpulos y de respeto a las regla! democráticas. Nadie puede dudar ya que actúa como cabeza visible de los sectores más duros del Ejército peruano. Los escándalos de corrupción, torturas, amenazas y escuchas se suceden a ritmo vertiginoso. Y el presidente no tiene otra respuesta a los mismos que la persecución de aquellos que denuncian este lodazal.

Una de sus últimas arbitrariedades ha sido despojar de la nacionalidad a Baruch Ivcher, propietario de Frecuencia Latina, el único canal de televisión independiente y crítico hacia el poder. Ahora, un juez ha arrebatado a Ivcher sus acciones en la cadena, en lo que supone un grave atentado a la libertad de expresión. Esto sucede cuando surgen dudas sobre la autenticidad de la partida de nacimiento del propio Fujimori en Perú y sospechas de que nació en Japón y constitucionalmente no podría haberse presentado a ocupar la jefatura del Estado.

Los populistas autoritarios tienden a convertirse en dictadores cuando se agotan sus posibilidades de seducción, agitación e intoxicación. Primero ignoran procedimientos y finalmente violan las leyes. Fujimori parece ya haber superado en este proceso el punto sin retorno. Ha demostrado que él y sus colaboradores son capaces de cualquier desmán para preservar su poder. Por ello urge que la comunidad internacional advierta a Fujimori y a su Ejército que no está dispuesta a aceptar que perviertan la democracia peruana hacia una satrapía personal o dictadura militar. Que no hay lugar ya parla regímenes tan detestables. Si para ello son necesarias medidas contundentes como el aislamiento internacional a Fujimori, habrá que utilizarlas.