Sanidad proyecta 'privatizar' la política de empleo de médicos y sanitarios públicos

El estado funcionarial del personal sanitario público toca a su fin si prospera el estatuto que prepara el Ministerio de Sanidad. En un mes se empieza a negociar con los sindicatos un nuevo marco laboral, en línea con las prácticas privadas, que prevén la renovación cada cuatro años de las jefaturas de servicio; contrataciones con cada centro, en lugar de con el sistema de salud; salarios según la productividad, y convenios colectivos. Con rango de ley básica estatal, está por ver como afectará a los derechos adquiridos de los más de 175.000 médicos y sanitarios actuales.

Profesiona...

El estado funcionarial del personal sanitario público toca a su fin si prospera el estatuto que prepara el Ministerio de Sanidad. En un mes se empieza a negociar con los sindicatos un nuevo marco laboral, en línea con las prácticas privadas, que prevén la renovación cada cuatro años de las jefaturas de servicio; contrataciones con cada centro, en lugar de con el sistema de salud; salarios según la productividad, y convenios colectivos. Con rango de ley básica estatal, está por ver como afectará a los derechos adquiridos de los más de 175.000 médicos y sanitarios actuales.

Profesionales y políticos de muy distinto signo han coincidido siempre en considerar que el actual marco laboral en la sanidad pública -un estatuto preconstitucional similar en muchas características al de los funcionarios del Estado- no permite ni la sanción, ni el incentivo a un buen trabajo. Las jefaturas van atadas de por vida al profesional que consiguió la plaza, sea bueno, mediocre o malo, segando la posibilidad de mejora profesional al resto del servicio. La eventualidad de un despido pasa por largos y kafkianos expedientes que raramente prosperan.Si algo quiere establecer este proyecto de estatuto marco es "estabilidad en el empleo, pero no a costa de la inamovilidad" en palabras del subsecretario de Sanidad, Enrique Castellón. Una de las razones por las que, a su juicio, los hospitales tienen una situación "inflaccionaria" desde el punto de vista de personal, es su incapacidad legal para mover a los profesionales, en función de las necesidades, lo que obliga a contratar nuevo personal para nuevas tareas.

En otro sentido, el nuevo estatuto facilitaría el despido o "revocación de nombramiento" a aquellos profesionales que no hayan cumplido con los objetivos encomendados. Será una situación con derecho a indemnización, pero que no requerirá una sanción previa como ahora se exige mediante la apertura de un expediente.

Se trata, explica Castellón, "de establecer una relación laboral coherente con los cambios organizativos que se proponen para los hospitales". Si la ley, el reciente decreto sobre gestión de centras sanitarios públicos, ya les permite conducirse con la autonomía del sector privado, la política de personal, en elaboración, también se acercará más a la empresa privada que a la función pública. La negociación será dura, es consciente Castellón, en cuanto a su aplicación con los actuales trabajadores y sus derechos adquiridos mediante una oposición. "Habrá que ver qué derechos adquiridos son los que hay que preservar", avanza Castellón.

Examen acreditativo

El proyecto prevé una temporabilidad absoluta para las jefaturas de servicio. Su titular estará cuatro años, aunque puede ser renovado en el cargo. El acceso a este puesto puede ser mediante un contrato indefinido con el centro o bien temporal.Para acceder a un puesto de trabajo en la sanidad pública se prevé un examen que acredita para cualquier centro de la geografía española, pero que no asegura una plaza en propiedad. Será cada hospital, con sus correspondientes convocatorias, el que seleccione posteriormente el personal que requiere. Y su relación con él puede ser temporal o fija. En caso de traslado de un centro a otro se respetará la antiguedad consolidada en anteriores destinos.

La autonomía de los centros quedará plasmada en la posibilidad de elaborar planes de empleo, con jubilaciones anticipadas y movilidad forzosa como cualquier empresa, así como convenios colectivos descentralizados donde se pueden pactar sueldos y las jornadas más adecuadas a las necesidades asistenciales del hospital. El proyecto establece la capacidad de negociación a niveles más pequeños, es decir, servicios hospitalarios, unidades asistenciales e, incluso, a nivel individual.

Las nuevas jornadas laborales podrán ser completas, reducidas, trabajo a tiempo parcial o simple vinculación por acto médico cuando así se requiera en algún servicio.

En cuanto a los salarios, "se hará mayor hincapié en la parte variable en función de los resultados", indica el subsecretario. Esta parte variable irá ligada al rendimiento y calidad del trabajo del profesional así como a la demanda que tenga por libre elección del ciudadano.

Una vieja reivindicación del personal sanitario cualificado es una mayor facilidad para su formación continuada, algo que quedará reflejado en este estatuto con permisos retribuidos con tal fin.

El marco jurídico donde encajará todo este proyecto aún está por definir. La propuesta del propio ministerio a la comisión parlamentaria que estudia la reforma sanitaria sitúa el campo de debate: "Será necesario decidir sobre el alcance de dicho régimen, su integración o no, en el régimen general de los empleados públicos y el equilibrio que permita conciliar la autonomía de gestión de los centros con unas mínimas condiciones de calidad y. garantía profesional en todo el sistema", dice el documento.