La UGT reclama al Gobierno la devolución de su patrimonio, que valora en 42.787 millones

La UGT reclama al Gobierno la devolución o compensación de los bienes del patrimonio que le fueron incautados en la Guerra Civil. El sindicato va a presentar documentos que, en su opinión, avalan la propiedad sobre bienes muebles e inmuebles valorados en 42.787 millones de pesetas a precios de 1996. No obstante, la Ley de Cesión de Bienes Sindicales de 1986 dice que se deben tener en cuenta los precios de aquel año. En ese caso, la valoración supone 17.266 millones de pesetas. El próximo miércoles, día 23, la dirección de la UGT llevará a Trabajo la documentación que ha encontrado en archivos ...

La UGT reclama al Gobierno la devolución o compensación de los bienes del patrimonio que le fueron incautados en la Guerra Civil. El sindicato va a presentar documentos que, en su opinión, avalan la propiedad sobre bienes muebles e inmuebles valorados en 42.787 millones de pesetas a precios de 1996. No obstante, la Ley de Cesión de Bienes Sindicales de 1986 dice que se deben tener en cuenta los precios de aquel año. En ese caso, la valoración supone 17.266 millones de pesetas. El próximo miércoles, día 23, la dirección de la UGT llevará a Trabajo la documentación que ha encontrado en archivos históricos: 3.004 expedientes sobre lo que fue "botín de guerra", que llenan una furgoneta.

El líder del sindicato, Cándido Méndez, interpreta que la devolución del patrimonio de la UGT se debe valorar en pesetas constantes. Y Fernando Pérez Chavida, coordinador del equipo que ha investigado la localización de los documentos, cree que "sena discriminatorio que a los partidos se les aplique el valor de sus bienes actualizados a precios de hoy, y a nosotros, no". La actualización permitiría a la central aliviar sus deudas y corregir la deteriorada situación financiera que le produjo la crisis de PSV.En Trabajo, por su parte, tienen conocimiento de la visita de los dirigentes de la UGT. Según su portavoz, "vienen a entregar en el Registro del Ministerio, los expedientes de los bienes que ellos consideran reintegrables de acuerdo con la ley de 1986". Esa documentación se remitirá a los servicios jurídicos que dictaminarán los bienes que son reintegrables, o el justiprecio que se debe pagar de inmuebles ahora ocupados. Y cuando haya res puesta, si la UGT la considera inadecuada, tiene la posibilidad de presentar un recurso conten cioso-administrativo.

Búsqueda de CNT

En el año 1986, con el Gobierno socialista, la UGT recibió ya 4.144 millones de pesetas y 102 inmuebles por la documentación que entonces tenía. La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) es la otra central sindical que tiene pendiente la devolución de patrimonio incautado. En 1986 no se le entregó nada por el contencioso existente a raíz de la escisión de la rama que pasó a denominarse Confedera ción General del Trabajo (CGT). Ahora, una vez que los tribunales han reconocido su le gitimidad, CNT busca documentos que avalen su propiedad.La valoración que el miércoles entregará la UGT a Trabajo está basada en parte en los cálculos que hizo la consultora Richard Ellis, especializada en va loración de bienes inmuebles. Pero la UGT ha seguido buscan do, en especial durante todo el último año, con un minucioso rastreo en el Archivo de Sala manca, ayuntamientos, el Registro de la Propiedad, las funda ciones Pablo Iglesias y Largo Caballero y el Archivo General de Alcalá de Henares. Aun así cree que lo hallado no responde a todo su patrimonio histórico.

La UGT llegó a tener 1,1 millones de afiliados, según los da tos del Congreso de 1932, el último celebrado en la legalidad antes de la Guerra Civil. Y estaba compuesta de 5.300 organizaciones de rama y locales, que reunieron un buen número de bienes. A precios de 1986, la UGT valora los inmuebles, fincas y solares y la Fundación Cesáreo del Cerro en 10.781 millones; los valores mobiliarios, cuentas bancarias y dinero en efectivo, en 5.215 millones; la maquinaria y otros bienes muebles, en 443 millones; un periódico, existencias y bienes diversos, en 827 millones.

La Fundación Cesáreo del Cerro, que sé extendía en 22.089 metros cuadrados situados en la esquina de la calle Orense con General Perón (ahora denominada zona Azca), es la mayor propiedad que reclama.

A ella se añade una heterogénea lista de bienes: el Diario Avance del SOMA; once farmacias de Madrid y dos de Zaragoza; la Mutualidad Médico-Farmacéutica con consultas en Madrid, Barcelona y Valladolid; la cooperativa de casas baratas; otra de vinos con 10 sucursales en Ciudad Real, Las Bodegas Colectivas El Progreso; una central lechera y de quesos en Liérganes (Cantabria); la cosecha y maquinaria del Cortijo Calderón, en Nueva Cartella (Córdoba); cuatro cooperativas de consumo en Madrid; las cooperativas alpargateras de Vall D'Uxo (Castellón) y Ampuero (Cantabria); varias cooperativas agrarias; la escuela de profesores músicos de Zaragoza; y las escuelas que había en Casas del Pueblo.

Los expedientes recogen documentación sobre la Casa de las Cigarreras de A Coruña, de la Unión Tabaquera. Y sobre el solar cedido por la familia March a las organizaciones obreras para Casa del Pueblo en la calle Reina Cristina, de Palma de Mallorca. Uno de los últimos hallazgos es la Mina de San Vicente, ocho pozos de Langreo, con las escrituras de compra, del 12 de abril de 1927, a don Secundino Felgueroso y Figar.

Con otros bienes tiene dificultades para probar la propiedad. Es el caso de un hotelito, situado en la calle Castelar de Madrid, que legó en su testamento el militante socialista Emilio Ramos a la Casa del Pueblo, junto a terrenos en Medina del Campo (Valladolid) para una escuela. Tampoco ha podido documentar la propiedad de la biblioteca de la Casa del Pueblo de Madrid, situada en la calle Piamonte.