Fianza de 1.000 millones a Repsol por contaminar un acuífero del río Jarama
El Juzgado de Instrucción número, 3 de Coslada ha Impuesto una fianza de 1.000 millones de pesetas en concepto de responsabilidad civil subsidiaria a la empresa Repsol por la contaminación por hidrocarburos que sufre un acuífero del Jarama, según fuentes cercanas al caso y de la propia compañía petrolera. La medida cautelar ha sido adoptada ante los supuestos daños ocasionados al agua subterránea por la filtración en 1992 de aproximadamente 250.000 litros de combustible procedentes de una gasolinera de San Fernando de Henares (28.000 habitantes).Base de esta decisión judicial ha sido el inform...
El Juzgado de Instrucción número, 3 de Coslada ha Impuesto una fianza de 1.000 millones de pesetas en concepto de responsabilidad civil subsidiaria a la empresa Repsol por la contaminación por hidrocarburos que sufre un acuífero del Jarama, según fuentes cercanas al caso y de la propia compañía petrolera. La medida cautelar ha sido adoptada ante los supuestos daños ocasionados al agua subterránea por la filtración en 1992 de aproximadamente 250.000 litros de combustible procedentes de una gasolinera de San Fernando de Henares (28.000 habitantes).Base de esta decisión judicial ha sido el informe pericial elaborado por el catedrático de Hidrogeología de la Universidad Complutense Ramón Llamas Madurga. Este estudio, en el que también han participado el profesor de Geodinámica de la Complutense Juan Fornés y el vicepresidente de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, Jaroslav Vrba, establece en primer lugar que el vertido de gasolina en la estación de servicio de San Fernando, propiedad de Repsol, ha provocado una "seria contaminación en el acuífero", lo que ocasiona "una situación de peligro para la salud pública y el medio ambiente".
El acuífero, aunque no se usa para abastecimiento de agua corriente, es utilizado para regadíos ilegales de huertos de la zona. Se trata de una enorme masa de agua que recorre San Fernando de Henares y que pasa por debajo de la estación de servicio de Repsol que sufrió el derrame. Este vertido afectó, según el informe, a una superficie de 12 hectáreas con un volumen de 90.000 metros cúbicos.
En este contexto, uno de los peligros destacados por los expertos de la Universidad Complutense reside en que este foco de contaminación se mueve hacia el río Jarama con una velocidad de 150 metros por año. "En octubre de 1996, el frente del penacho de agua contaminada se encontraba a unos seiscientos metros, o quizá menos, del río. Es posible que el frente de contaminación esté actualmente muy próximo al río Jarama", añade el estudio, que solicita la construcción de una barrera para evitar que este foco llegue hasta el cauce del río en su avance y lo contamine.
Inactividad oficial
El informe judicial acusa a la Confederación del Tajo y al Canal de inhibirse ante el vertido
La compañía petrolera Repsol respondió ayer a la imposición de la fianza de 1.000 millones de pesetas. Un portavoz de la empresa reconoció que el departamento jurídico conocía oficiosamente la medida cautelar y que estaba esperando su notificación para recurrirla. "En principio es un auto inmotivado, porque no indica responsabilidad civil contra directivos de Repsol y porque deriva de una responsabilidad penal que no existe. Nosotros no figuramos ni como procesados ni como imputados en la causa. La fianza de 1.000 millones, además, se impone solidariamente con el gerente de la gasolinera, y no sólo a Repsol", indicó el citado portavoz. La compañía también insistió en que compró la gasolinera en abril de 1992 sobre lo que pasó antes no tenemos nada que ver", dijo el portavoz-, y añadió que al conocer el vertido encargó por su propia iniciativa a la empresa Técnicas de Protección Ambiental (TPA) la limpieza del acuífero y un informe posterior sobre su estado. Este estudio, según Repsol, validó la operación de saneamiento, cuyo coste rondó los 60 millones de pesetas.