Zaplana logra la aprobación de la ley que permite al PP controlar las cajas valencianas
El Gobierno valenciano consumó ayer, tras meses de polémica, la toma de control de las cajas de ahorros de la comunidad autónoma. El Parlamento aprobó, con el rechazo del PSPV-PSOE y Esquerra Unida (EU), la reforma de la ley de cajas impulsada por el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que otorga a la Generalitat valenciana un 28% de los órganos de gobierno. Así, el PP se asegura el control de las cuatro cajas de la comunidad. La ley eleva la proporción de representantes de instituciones políticas en los órganos de gobierno de las cajas hasta el 56%.
Según el texto aprobado a...
El Gobierno valenciano consumó ayer, tras meses de polémica, la toma de control de las cajas de ahorros de la comunidad autónoma. El Parlamento aprobó, con el rechazo del PSPV-PSOE y Esquerra Unida (EU), la reforma de la ley de cajas impulsada por el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que otorga a la Generalitat valenciana un 28% de los órganos de gobierno. Así, el PP se asegura el control de las cuatro cajas de la comunidad. La ley eleva la proporción de representantes de instituciones políticas en los órganos de gobierno de las cajas hasta el 56%.
Según el texto aprobado ayer, las Cortes valencianas designarán por mayoría simple, y no por el sistema proporcional, a los consejeros en representación de la Generalitat. La oposición tildó la ley de "intervencionista" y "contraria a los intereses del sistema financiero valenciano".De las 60 enmiendas presentadas al proyecto, sólo se aprobó una. El debate se centró en el porcentaje de los órganos de gestión que la Generalitat se atribuye en la ley, un 28%, y en el procedimiento de designación de los consejeros correspondientes a este apartado.
El texto reduce la participación de ayuntamientos e impositores de un 35% a un 28%, los trabajadores pasan de tener un 15% a un 11% y las entidades fundadoras ven reducida su representación de un 15% a un 5%.
"PIuralidad usurpada"
Con estos nuevos porcentajes, el PP consigue de golpe la mayoría en las cuatro cajas valencianas, con un activo superior a los tres billones de pesetas y más de 8.000 empleados.La diputada del Grupo Socialista Clementina Ródenas acusó al PP de "usurpar la pluralidad política [ ... ] Da igual el porcentaje de cada grupo parlamentario", se quejó. "Por figura interpuesta, Zaplana nos representa a todos en las cajas".
Según Ródenas, el objetivo de la ley no es otro que "tapar los agujeros presupuestarios que tiene la Generalitat. La diputada socialista concluyó que la ley "es una vía abierta para que los bancos engullan a su competencia, las cajas". El portavoz en Asuntos Económicos del Grupo Popular, Ricardo Costa, aseguró que la ley es necesaria y "que profundiza en la despolitización de las cajas y, además, cumple con toda la legalidad.
El diputado Pedro Zamora, de EU, señaló que por medio de "piruetas jurídicas" se ha "desnaturalizado" la representación de las cajas, ya que será el presidente del Gobierno valenciano, Eduardo Zaplana, quien designe a 180 de los 400 delegados de las asambleas.
La ley, polémica desde su presentación como anteproyecto. ha sufrido vanos varapalos de expertos juristas como el catedrático de Derecho Adiministrativo, Eduardo García de Enterría, y sembrado la preocupación en el Banco de España, cuyos responsables temen que cunda el ejemplo en otras comunidades y los gobiernos regionales conviertan las cajas en bancos públicos.
El Gobierno de Zaplana ha rectificado gran parte del articulado de la ley, de acuerdo con las recomendaciones de juristas. Sin embargo, apenas ha variado el porcentaje de representación de la Generalitat o la fórmula de elección de los consejeros. De hecho, los gestores del PP han he cho caso omiso de la recomendación del Consejo Jurídico Consultivo para que la elección de consejeros fuera proporcional a la representación de los grupos en las Cortes valencianas.
Otros aspectos novedosos de la ley son la limitación a ocho años del mandato de los consejeros, el endurecimiento de las incompatibilidades para formar parte de las asambleas (los diputados nacionales o europeos, los concejales y alcaldes, así como los altos cargos no podrán ser consejeros de una caja), y la reducción a 45 días del periodo de adaptación de las cajas a la nueva ley. Este plazo garantiza que se pueda aplicar la normativa en las próximas elecciones a cajas, que se inician en otoño.
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