Los Quince suprimen la pena de muerte
La última novedad de la reforma de Maastricht, en el intento de hacerla atractiva, es la abolición de la pena de muerte en toda la UE. Esta "no se aplica ya" en ningún Estado miembro, pero algunos la conservan en sus códigos de Justicia militar, para tiempos de guerra. España la abolió incluso para ese caso. Otros asuntos que aún generan polémica son: Justicia e interior. La comunitarización del convenio de Schengen -que desmantela progresivamente los controles en las fronteras internas, asegurando la libertad de circulación de las personas- se va imponiendo. Dinamarca, pendiente de ref...
La última novedad de la reforma de Maastricht, en el intento de hacerla atractiva, es la abolición de la pena de muerte en toda la UE. Esta "no se aplica ya" en ningún Estado miembro, pero algunos la conservan en sus códigos de Justicia militar, para tiempos de guerra. España la abolió incluso para ese caso. Otros asuntos que aún generan polémica son: Justicia e interior. La comunitarización del convenio de Schengen -que desmantela progresivamente los controles en las fronteras internas, asegurando la libertad de circulación de las personas- se va imponiendo. Dinamarca, pendiente de referéndum, se opone. Londres y Dublín, recelosas, obtendrían una cláusula de exclusión. O, en positivo, de eventual inclusión (opt in). Sigue habiendo reticencias a la limitación al derecho de asilo.
Televisiones públicas. Los países pequeños han propuesto un protocolo que proteja a las televisiones públicas. Las suyas son muy débiles. La Comisión, temerosa de que eso permita su doble financiación y desvirtúe la competencia, se opone. El Gobierno español, que también se oponía -por sus compromisos electorales de privatización- parece que está cambiando de postura.
Votos. Progresa la idea de reponderar los votos en el Consejo de ministros, aumentando los de los países más poblados.. Los grandes (Alemania, Francia, Italia y Reino. Unido) pasarían de 10 a 12. España, de ocho a nueve. Los pequeños quedarían igual. Se exigiría también la de población: toda decisión debería responder a un mínimo del 60% de la población de la UE. Esas cifras siguen sujetas a discusión.
Decisiones por mayoría. Se sustituiría la unanimidad por la mayoría cualificada en decisiones sobre ámbitos como: derecho de circulación y residencia; seguridad social de transeúntes; trato de nacionales extranjeros; régimen de profesiones; cultura; industria; programa marco de investigación y medio ambiente.