El País Vasco aumentará en un 20% su capacidad normativa sobre el IRPF

El País Vasco aumentará su capacidad normativa sobre el IRPF en un tramo de un 20%, según acordaron Ayer el ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, y el vicepresidente del Gobierno vasco, Juan José Ibarretxe. Sin embargo, Rato e Ibarretxe no lograron extender este avance en la negociación de la reforma de la Ley del Concierto Económico al impuesto de sociedades, pese a que el vicepresidente vasco lo daba prácticamente por hecho. Discrepancias de última hora encallaron el acuerdo y las negociaciones continuarán en los próximos días.

Los gobiernos central y vasco dieron ayer un pa...

El País Vasco aumentará su capacidad normativa sobre el IRPF en un tramo de un 20%, según acordaron Ayer el ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, y el vicepresidente del Gobierno vasco, Juan José Ibarretxe. Sin embargo, Rato e Ibarretxe no lograron extender este avance en la negociación de la reforma de la Ley del Concierto Económico al impuesto de sociedades, pese a que el vicepresidente vasco lo daba prácticamente por hecho. Discrepancias de última hora encallaron el acuerdo y las negociaciones continuarán en los próximos días.

Los gobiernos central y vasco dieron ayer un paso más en la negociación de la reforma de la Ley del Concierto Económico, la pieza clave de los pactos entre el PP y CiU que ambos ejecutivos quieren cerrar antes de fin de mes, al acordar que la Hacienda vasca aumentará su capacidad normativa en un 20%. Ambos ejecutivos negocian la llamada parte secreta del pacto que avanzaron el pasado octubre y que cerrarán este mes.La pretensión, del Gobierno vasco es disponer de una capacidad. normativa con un 20% de oscilación hacia arriba y abajo para todos los impuestos, especialmente el IRRF y el de sociedades, según manifestó el propio Ibarretxe antes de entrar en la reunión. Ayer consiguió el primer objetivo, pero no el segundo. Fue el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, quien informó que el acuerdo no se extendía al impuesto de sociedades. .

De haberlo logrado el Gobierno vasco, la Administración central y otras comunidades autónomas limítrofes a la vasca tendrían que haber retirado los recursos que habían presentado contra Euskadi por haber reducido el impuesto de sociedades. "Los tribunales no tendrían nada que decir porque estará especi ficado en el Concierto.", dijo Ibarretxe.Ibarretxe manifestó también, al finalizar la reunión con Rato, que hay acuerdo en no variar el porcentaje del 6,24% con el que el País Vasco contribuye a los gastos del Estado. Era ésta otra de las sombras que planeaban sobre la negociacion.Otros aspectos de la llamada parte secreta de los pactos que negocian ambas administraciones son la generalización del sistema del Concierto económico para los nuevos impuestos que cree el Gobierno central. Asimismo, el Gobierno vasco pretende que la capacidad normativa se extienda a los impuestos de juego y ptrimonio y que los de sucesiones y donaciones para personas nacidas fuera del País Vasco bajen su exigencia de un mínimo de diez años a cinco.En cuanto a los impuestos especiales, el Gobierno vasco pretende que ajusten la recaudación al consumo, con la pretensión de establecer una neutralidad financiera. El Gobierno vasco espera aumentar su capacidad de recaudación Por esta vía entre 120.000 y 130.000 pesetas lo que aleja el fantasma del llamado cupo negativo.

Ambas administraciones continuarán las negociaciones la próxima semana. El Gobierno central acude a la negociación con el vasco preocupado por las repercusiones que puede causar en otras comunidades el acuerdo que alcance sobre la reforma de la Ley del Concierto Económico, que tendrá vigencia para veinte años. Los socialistas, y el propio Felipe González, han anunciado que les tendrán que explicar con mucha claridad el acuerdo para no oponerse a su paso por las Cortes.

El pasado mes de octubre, cuando los gobiernos central y vasco alcanzaron el preacuerdo de cesión a la comunidad vasca de la gestión de los impuestos especiales se produjo una dura reacción de la Generalitat catalana, gobernada, por CiU, y la Junta de Andalucía, por el PSOE, porque también habían solicitado la gestión de dichos impuestos y la Administración central se había opuesto con el argumento de su complicación técnica.